Entre 2026 y 2030, al menos 32 aeronaves de la Aviación del Ejército cumplirán su ciclo de vida útil y deberán salir de servicio. Eso obliga a la institución a acelerar compras de reemplazo en un contexto de restricciones presupuestales.
La flota actual del Ejército suma 116 aeronaves, de las cuales 96 son helicópteros. Entre ellas están los MI-17, de fabricación rusa; los UH-60 Black Hawk, considerados la columna vertebral de las operaciones aéreas; y los Huey II, con 28 unidades, que tienen fecha de retiro entre 2028 y 2029. Esos Huey II, además, han estado cubriendo funciones adicionales desde que los nueve helicópteros UH-1N fueron retirados el 10 de octubre de 2025 sin sustituto.
Los recursos saldrán del documento Conpes que dejó proyectado el gobierno del presidente Gustavo Petro. Fuentes conocidas por esta agencia revelan que la cifra supera los tres billones de pesos y que, por ahora, hay tres propuestas sobre la mesa, que deben ser aprobadas por el nuevo gobierno.
La primera alternativa es el H145 de Airbus, de origen alemán. La segunda es el AW139, de la firma italo-británica Leonardo, capaz de transportar hasta 15 personas por vuelo, con un peso máximo al despegue de 6.800 kilogramos y una velocidad máxima de 310 kilómetros por hora. La tercera opción es el Bell 412EPX, fabricado en Canadá, con capacidad para 14 tropas y un peso máximo bruto de 5.500 kilogramos.
Pese a que las tres opciones siguen en evaluación, el Ejército ya tiene una preferencia: el AW139, por su «capacidad y maniobra para las tropas», según fuentes consultadas. La decisión final, sin embargo, no le corresponde a la institución, sino a un comité del Ministerio de Defensa con participación del Ejército.
La incorporación no será inmediata. El cronograma arrancaría una vez se firme el contrato y se extendería hasta 2034, cuando está prevista la entrega de las últimas unidades.
El presupuesto de tres billones de pesos contempla también la compra de un avión C295 italiano, además de repuestos para toda la flota existente y el mantenimiento de los 19 helicópteros MI-17, proceso que tuvo que comenzar de nuevo tras las irregularidades detectadas y por las cuales ya hay varias personas ante la justicia.
Ese anuncio, aunque relevante, no resuelve del todo el problema de la Aviación del Ejército. Todavía no hay decisión sobre el reemplazo de los nueve helicópteros UH-1N ni sobre el Antonov 32 de fabricación rusa, al que le queda apenas un año de vida útil: en 2027 deberá salir de servicio definitivamente.
A eso se suma la salida de los tres aviones españoles CASA 212, retirados en enero de este año. En el mercado internacional ya no se consiguen repuestos ni componentes para mantenerlos operativos.
Conviene mirar los incentivos. Cuando una fuerza aérea o terrestre envejece su flota, la cuenta no solo es técnica: también es fiscal. Más de tres billones de pesos salen del dinero de los contribuyentes, y la urgencia de comprar no debería ser excusa para debilitar el control sobre contratos, repuestos y mantenimiento.
La historia sugiere cautela: el problema no es solo reemplazar aeronaves, sino evitar que el aparato estatal convierta una necesidad operativa en otra carga de largo plazo. En un país con restricciones presupuestales, la prioridad debería ser cada peso bien asignado, cada contrato bien vigilado y cada decisión sometida a competencia real.
