El concesionario Autos Italianos de Colombia S. A. rompió su silencio y confirmó que radicó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) un documento de más de 210 páginas en respuesta al requerimiento identificado con el radicado número 6-294239, emitido el pasado 22 de julio de 2026.
El caso se originó en denuncias de varios clientes que reportaron haber realizado pagos anticipados por vehículos Ferrari de alta gama sin recibir la entrega de los automóviles. La SIC abrió una investigación y solicitó al concesionario —único distribuidor autorizado de la marca en Colombia— información detallada sobre sus operaciones.
Según el comunicado de la empresa, la respuesta enviada atiende de forma individual los 15 puntos solicitados por la autoridad e incluye «la relación individualizada del estado de las operaciones celebradas con sus clientes». El concesionario subrayó su disposición a colaborar con cualquier solicitud adicional que la SIC considere necesaria para avanzar en la investigación.
Auditoría forense y acciones judiciales en paralelo
Autos Italianos de Colombia precisó que sus actuaciones también buscan «aportar claridad sobre la situación financiera y administrativa de la compañía, así como sobre el estado de las obligaciones y expectativas de clientes, proveedores y demás partes vinculadas a la operación, con base en la información que sea verificada dentro de la auditoría forense y en las determinaciones que adopten las autoridades competentes».
Días antes de presentar la respuesta a la SIC, el concesionario había solicitado ante los jueces civiles de Bogotá la práctica de tres pruebas extraprocesales relacionadas con la terminación de su vínculo comercial con Ferrari North America Inc. La empresa indicó que estas diligencias tienen como propósito recabar elementos de juicio antes de decidir si presenta acciones judiciales formales.
Asimismo, la distribuidora señaló que la información recopilada permitirá verificar antecedentes que, según su versión, habrían afectado a los presuntos denunciantes, entre ellos restricciones sobre órdenes, preórdenes y depósitos de clientes.
Lo que está en juego
El caso pone a prueba la eficacia de la SIC como garante de los derechos de los consumidores en el segmento de bienes de lujo, donde los montos comprometidos por cliente pueden ser considerables y los contratos suelen incluir cláusulas de difícil interpretación para el comprador ordinario. Que el concesionario haya respondido dentro de los plazos y con un volumen documental significativo es un primer paso, pero no cierra la pregunta central: si los pagos anticipados fueron recibidos y los vehículos no fueron entregados, quién asume la responsabilidad y bajo qué condiciones se restituye el dinero de los afectados.
Conviene mirar los incentivos. La auditoría forense y las pruebas extraprocesales sugieren que la empresa anticipa un litigio con Ferrari North America Inc., lo que podría desplazar la discusión hacia una disputa entre privados y alejar la atención del daño concreto sufrido por los compradores colombianos. Las instituciones —SIC y jueces civiles— tienen ahora la responsabilidad de mantener ese foco y garantizar que el proceso no se diluya en tecnicismos contractuales entre partes de mayor músculo jurídico.
