La plataforma Atenea, encabezada por el exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, presentó en julio el Informe nº 5 de su Programa Atenea: Reforma Económica para España 2026. El documento fue elaborado por Rubén Manso, doctor en Economía, licenciado en Derecho e inspector del Banco de España en excedencia.
El diagnóstico de partida es directo: «España crece por encima de otras economías europeas, pero ese crecimiento se apoya principalmente en el aumento de la población y del empleo, mientras la productividad permanece estancada y los salarios reales apenas avanzan». Es decir, crecimiento extensivo, no intensivo. Una distinción que los grandes titulares macroeconómicos suelen enterrar.
El informe añade una paradoja que resulta políticamente incómoda: el Estado recauda y gasta más recursos que nunca, pero los ciudadanos perciben un deterioro progresivo de servicios esenciales como la sanidad, las infraestructuras, la justicia o el transporte. Más dinero del contribuyente, peores resultados. El aparato estatal crece; la calidad de lo que entrega, no.
Frente a ese modelo, el documento propone sustituir el estímulo permanente de la demanda por reformas de oferta centradas en productividad y fortalecimiento institucional. Las medidas concretas incluyen un IRPF más simple con mayor mínimo exento y menor carga sobre el trabajo, el ahorro y la inversión; el refuerzo de la seguridad jurídica y la unidad de mercado; la eliminación de trabas regulatorias; una reforma del sistema de pensiones basada en transparencia y libertad de elección; e impulso al mercado laboral, la vivienda, la innovación y la financiación de la economía productiva.
El economista Daniel Lacalle, presente en el acto, advirtió que la superposición de normas estatales, autonómicas, locales y europeas genera costes innecesarios que frenan el crecimiento empresarial. Su diagnóstico fue claro: España necesita «más libertad económica, menos burocracia y un marco regulatorio más simple y estable» para competir con las economías más dinámicas de Europa.
Espinosa de los Monteros cerró la presentación con un argumento que va más allá de los indicadores: el valor de la confianza como activo económico. «La verdadera riqueza de un país es la confianza: la convicción de que el esfuerzo merece la pena, de que las reglas serán respetadas y de que emprender, estudiar, ahorrar o asumir riesgos tiene sentido». No es retórica vacía; es, precisamente, lo que miden los índices de competitividad cuando evalúan el clima de inversión.
Conviene mirar los incentivos. Un informe de esta naturaleza no tiene fuerza de ley, pero sí fuerza de agenda: articula en un solo documento las reformas que el gobierno de Pedro Sánchez ha evitado sistemáticamente —simplificación fiscal, unidad de mercado, pensiones basadas en libertad de elección— y las coloca en el debate público con respaldo técnico. La pregunta relevante no es si las medidas son deseables en abstracto —la evidencia comparada sugiere que lo son— sino si existe en España la coalición política capaz de aplicarlas. Por ahora, ese es el eslabón que falta. El dato importa más que el ruido: mientras la productividad no mejore, el crecimiento seguirá siendo frágil, dependiente de variables demográficas que ningún gobierno controla del todo.
