La confirmación del asesinato de Mónica Beltrán, una niña de 13 años que había sido raptada y reclutada por disidencias de las Farc, provocó una dura reacción del senador Germán Rodríguez. En redes sociales, el legislador responsabilizó directamente a los miembros del grupo armado y lanzó cuestionamientos contra sectores de izquierda.
Rodríguez escribió: «Malditos terroristas. Malditos los congresistas del Pacto Histórico que apoyan a estos criminales». En su pronunciamiento, centró su crítica en dos frentes: el asesinato de la menor y lo que considera un respaldo político a estructuras armadas responsables de hechos de violencia contra la población civil.
El caso de Mónica Beltrán generó rechazo después de que se conociera que la menor había sido raptada el pasado 2 de abril en Tibú, Norte de Santander. Luego, la familia recibió la confirmación de su muerte. Su cuerpo fue trasladado a Tibú.
La investigación deberá establecer las circunstancias en las que ocurrió el asesinato y los responsables directos del crimen. Por ahora, lo verificable es que una menor de 13 años fue reclutada por disidencias, permaneció en su poder y terminó asesinada. Ese dato basta para recordar que el orden público no es una abstracción: cuando el Estado pierde control territorial, pagan primero los más vulnerables.
Conviene mirar los incentivos. Cuando grupos armados conservan capacidad de reclutamiento, secuestro y asesinato, la violencia deja de ser un residuo del conflicto y se convierte en una herramienta de poder. El costo recae sobre las familias, sobre la confianza institucional y sobre la idea misma de que la ley debe imponerse por encima de la fuerza.
También hay una dimensión política que no puede eludirse. Si, como denunció Rodríguez, existen sectores que normalizan o relativizan a estos grupos, el debate deja de ser retórico y se vuelve moral e institucional. La democracia no puede darse el lujo de confundir a las víctimas con quienes empuñan las armas ni de maquillar como pluralismo lo que en realidad es tolerancia frente al crimen.
El dato importa más que el ruido. La muerte de una niña reclutada por disidencias de las Farc no solo desnuda la brutalidad de esos grupos; también vuelve a exhibir la deuda del Estado con la seguridad de los territorios periféricos. Sin control efectivo, sin justicia y sin una respuesta clara contra la criminalidad organizada, la violencia seguirá dictando sus reglas.
