Susy Aponte, de 44 años, fue asesinada a balazos este sábado mientras realizaba un acto de campaña en un mercado del distrito de Caraz, en la región de Áncash, en Perú, informaron autoridades.
Aponte era propietaria del portal «China Polo Dominical» y aspirante a la gobernación del departamento de Áncash. Según la información disponible, recorría el mercado con simpatizantes cuando se produjo el ataque.
El hecho dejó cinco personas heridas de bala, que fueron trasladadas al hospital regional, y un venezolano detenido, según dijo la policía en un comunicado.
Aponte había denunciado en días recientes presuntas amenazas desde prisiones peruanas. También difundía en su portal denuncias sobre presuntas irregularidades y corrupción en la policía.
El Consejo de la Prensa Peruana, que agremia a periodistas en Perú, solicitó una investigación por el asesinato de la comunicadora. «Es necesario que se esclarezcan los móviles del homicidio. Otros casos de asesinatos no han sido esclarecidos», señaló en sus redes sociales.
La policía informó además que cuatro periodistas peruanos fueron asesinados en 2025.
Conviene mirar los incentivos que deja este crimen, aun sin extrapolar más allá de los hechos. Cuando una periodista que cubría denuncias y competía en una elección regional muere en plena campaña, el daño no se limita a una persona: alcanza al derecho a informar y al debate público.
Pero el dato más sólido, por ahora, es también el más inquietante: hubo cinco heridos, un detenido y un pedido explícito de esclarecimiento. En un país donde, según la policía, cuatro periodistas fueron asesinados en 2025, la impunidad se convierte en un problema institucional que no conviene minimizar.
