La Asamblea Nacional de Panamá aprobó la noche del lunes una resolución para otorgar la Medalla Justo Arosemena, su máxima condecoración, a tres ciudadanos: Maricel de Mulino, primera dama de la República; Roberto Durán, leyenda del boxeo panameño, y José Rigoberto Acevedo, asesor legislativo.
La votación arrojó 41 votos a favor, uno en contra y nueve abstenciones, un resultado que refleja el respaldo mayoritario del oficialismo pero también una fractura visible entre las bancadas.
La Medalla Justo Arosemena la otorga el Órgano Legislativo a ciudadanos panameños que hayan destacado en las letras, las ciencias, el arte, el deporte o el ámbito social. Una comisión de evaluación integrada por los diputados oficialistas de Realizando Metas —Lilia Batista, Jamis Acosta y Víctor Castillo— recomendó la distinción tras considerar que los tres nominados «cumplen con los requisitos de méritos» exigidos.
La sesión solemne para la entrega estaba prevista para el martes 1 de septiembre.
Las críticas provinieron de al menos tres diputados de oposición. Jorge Bloise, de Vamos, cuestionó que el tema nunca se discutió en una reunión ampliada de la junta directiva de la Asamblea. «No sé cuál es el criterio técnico para escoger a los tres ciudadanos, ni cuál fue el mérito de cada uno para poder llegar a esa distinción», dijo.
Ernesto Cedeño, de Seguimos, fue más directo respecto a la inclusión de la esposa del presidente. «Yo no creo que esta Asamblea Nacional deba dar un espaldarazo a esa decisión donde está la esposa del Presidente de la República. Debió haberse sustentado», alegó.
El diputado independiente Roberto Zúñiga matizó el reclamo: respaldó la distinción a Durán, pero objetó que se mezclara «una medalla que debe ser por el mérito con la politiquería».
Ninguno de los diputados que objetaron el proceso votó a favor de retirar la condecoración a Durán ni a Acevedo; el reclamo se concentró en la falta de sustentación pública y en la inclusión de la primera dama en el mismo paquete de honores.
El dato importa más que el ruido. Lo relevante aquí no es si Maricel de Mulino merece o no un reconocimiento —las fuentes no documentan ningún cuestionamiento sobre su idoneidad personal—, sino el procedimiento con que la Asamblea distribuye su máxima distinción. Cuando una comisión compuesta exclusivamente por diputados oficialistas decide, sin debate ampliado ni criterios públicos, incluir en el mismo paquete a la esposa del jefe de Estado, el instrumento pierde su función original: separar el mérito ciudadano del poder político de turno.
Conviene mirar los incentivos. Una condecoración legislativa que se otorga sin transparencia técnica corre el riesgo de convertirse en moneda de cambio político, erosionando la credibilidad de la institución que la concede más que la reputación de quien la recibe. Los reclamos de Bloise, Cedeño y Zúñiga —desde bancadas distintas— no cuestionan el deporte, el servicio legislativo ni la figura presidencial; cuestionan el proceso. Esa distinción, en un país donde la solidez institucional es activo central para atraer inversión y sostener la confianza jurídica, no debería tratarse como detalle menor.
