La Asamblea Nacional de Panamá arrastra una deuda pendiente: la conformación de sus comisiones legislativas. Mientras ese trámite permanece sin resolverse, al menos seis diputados de las bancadas Vamos, Cambio Democrático y Panameñista se encuentran en Taiwán y regresan a finales de esta semana, según consigna la columna Tal cual de La Prensa de Panamá.
La pregunta que circula en los pasillos del Palacio Justo Arosemena es directa: ¿por qué no realizaron ese viaje durante el receso de las sesiones ordinarias, que concluyó hace semanas? La respuesta, hasta ahora, no ha llegado. Lo que sí está claro es que la parálisis en la integración de comisiones no es un problema menor: sin ellas, el trabajo legislativo ordinario —dictámenes, fiscalización, presupuesto— no puede avanzar con normalidad.
En paralelo, el pleno inició la discusión de modificaciones al reglamento interno de la Asamblea. El diputado Ernesto Cedeño anunció que propondrá un artículo para prohibir que los legisladores coloquen carteles en sus curules. La medida apunta, de manera evidente, a evitar que prolifere el movimiento identificado con la etiqueta #FreeMartinelli, en referencia al expresidente Ricardo Martinelli, quien cumple condena por delitos de blanqueo de capitales según sentencia en firme.
En el frente administrativo, el periodista José Ricardo Muñoz, exasesor del exalcalde de Panamá José Luis Fábrega, asumirá la jefatura de prensa de la Asamblea Nacional. El cargo lo coloca ahora bajo la órbita de la presidenta del Legislativo, Shirley Brandao —conocida en el ambiente político como «Shirley»—, después de haber trabajado con Fábrega, apodado «el Tanque». La transición, según la misma columna, es «lateral».
Finalmente, el diputado conocido como «Bolota» continúa impulsando una iniciativa para combatir el incumplimiento de pensiones alimenticias. Su propuesta incluye la creación de un registro nacional de deudores, el embargo de bienes y la suspensión de membresías en gimnasios y plataformas de streaming para los padres morosos. Según él, las medidas aplicarían también a quienes residan en el extranjero.
Conviene mirar los incentivos. La imagen de un Legislativo que no puede integrarse mientras sus propios miembros viajan al exterior no es un detalle anecdótico: es un síntoma de la cultura de impunidad institucional que erosiona la confianza ciudadana en el Estado panameño. El gobierno del presidente José Raúl Mulino ha apostado por estabilidad jurídica e inversión como ejes de su gestión; un Parlamento que no funciona con normalidad es, en ese esquema, un costo político y económico real.
La propuesta de Cedeño sobre los carteles en las curules merece atención separada. Que sea necesario legislar para impedir que el hemiciclo se convierta en plataforma de campaña a favor de un convicto dice más sobre el estado del sistema que sobre la iniciativa en sí. El dato importa más que el ruido: las instituciones panameñas enfrentan una prueba de credibilidad que no se supera con reglamentos, sino con decisiones consistentes.
