El equilibrio es incómodo, pero el gobierno argentino lo sostiene. Mientras la guerra comercial entre Estados Unidos y China se intensifica, la administración de Javier Milei acumula gestos en ambas direcciones y evita pronunciarse sobre el choque diplomático que se desarrolla en su propio territorio.
El detonante inmediato fue la denuncia de la Cooperativa CALF, la mayor distribuidora de energía eléctrica del sur argentino, que acusó a la embajada de Estados Unidos de amenazar con revocar las visas de sus gerentes por mantener negociaciones con Huawei. Según el diario Clarín, el propio embajador Peter Lamelas confirmó la iniciativa, y la fuente neuquina La Mañana identificó al agregado de Asuntos Económicos Andrew Dilts como parte de las conversaciones. La cooperativa envió una nota de protesta a la Cancillería argentina solicitando que intervenga y precise los alcances de la amenaza.
La embajada estadounidense no negó las presiones. Sus voceros respondieron a La Nación que «el ingreso a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho», en línea con lo declarado por Lamelas, y reiteraron que el gobierno de Trump considera a Huawei una «amenaza a la seguridad nacional» por sus vínculos con el gobierno de Xi Jinping.
La respuesta de Beijing fue inusualmente directa. La embajada china, encabezada por el embajador Wang Wei, emitió un comunicado que calificó la actitud estadounidense de «arbitraria obstrucción», «arrogante» e «hipócrita», y defendió el derecho de una empresa privada extranjera a operar con normalidad en terceros países. Allegados a Huawei deslizaron que las presiones de Lamelas «son una muestra de debilidad» y que la respuesta de Wei «es inédita». Desde el gobierno argentino, en tanto, optaron por el silencio sobre el fondo del asunto y se limitaron a señalar que los roces entre ambos embajadores «son parte del juego» entre las dos potencias.
Ese silencio convive con decisiones concretas. El titular del Banco Central, Santiago Bausili, anunció la renovación del swap de monedas con China por un total de 19.000 millones de dólares, una operación que la administración Trump había recomendado no realizar. Además, el gobierno aprobó, a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el proyecto de la minera Liex en Catamarca, con participación china.
A eso se suma el viaje pendiente de Karina Milei. Fuentes diplomáticas proyectan la visita —postergada en varias ocasiones— para «antes de noviembre», con un recorrido previsto por tres ciudades chinas. El canciller Pablo Quirno confirmó el miércoles que las negociaciones continúan «en diferentes aspectos, tanto comerciales como financieros», y que esas definiciones marcarán el momento de la visita. Para Beijing, el viaje tiene valor simbólico: ni la secretaria general de la Presidencia ni el propio Milei han pisado China durante la gestión libertaria.
El recorrido del presidente es llamativo en sí mismo: pasó de prometer durante la campaña que no haría «negocios con comunistas» a definir a China como un «socio confiable».
Conviene mirar los incentivos. Argentina necesita el financiamiento del swap, necesita inversión extranjera para sus recursos naturales y necesita mercados para su agro. China cubre las tres ventanillas. El alineamiento con Washington tiene valor geopolítico y electoral —Milei construyó parte de su identidad sobre esa alianza—, pero tiene un costo si se traduce en bloquear contratos privados bajo presión consular.
El dato importa más que el ruido: una cooperativa neuquina denunció públicamente una presión que, según fuentes de Huawei, en otras ocasiones las empresas absorbieron en silencio. Que el caso haya salido a la luz cambia el cálculo. El gobierno argentino no puede ignorar indefinitamente que dos potencias están usando su territorio como campo de disputa, y que la libre empresa —principio que dice defender— es la primera afectada cuando la geopolítica dicta qué contratos son permitidos.
