Una investigación iniciada en marzo de este año culminó con el desbaratamiento de una organización que, según la Justicia Federal argentina, reclutaba civiles, exmilitares y exintegrantes de fuerzas de seguridad para enviarlos a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia.
El hilo se desenrolló en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) detectó inconsistencias durante una entrevista de rutina a cuatro hombres con destino final Ucrania. Los viajeros alegaron en un primer momento que habían sido contratados por una empresa de construcción para reparar zonas afectadas por bombardeos. Al ser interrogados por separado, las contradicciones se multiplicaron.
Los cuatro desconocían quién había comprado los pasajes, quién los pagaría al llegar y qué tareas concretas debían desempeñar. No contaban con pasajes de regreso ni con dinero suficiente para la estadía. Con el avance del interrogatorio admitieron haber sido reclutados a través de plataformas digitales para incorporarse al frente de combate a cambio de un salario cercano a los US$ 3.000 mensuales. Según declararon, quienes organizaron el viaje les instruyeron expresamente que ocultaran el verdadero motivo del traslado.
El juez Luis Antonio Armella, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, ordenó impedir el embarque e inició una causa por presuntos indicadores de trata de personas. El Departamento Antisecuestros Norte de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) quedó a cargo de la pesquisa.
Meses de inteligencia, análisis de comunicaciones y vigilancia permitieron identificar a los presuntos reclutadores: una pareja domiciliada en el partido bonaerense de Tigre que captaba candidatos mediante plataformas digitales y organizaba la logística de los traslados hacia Ucrania. Con las pruebas reunidas, el magistrado ordenó un allanamiento en una vivienda sobre la calle Alfonsina Storni. Del operativo participaron el Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF), el Cuerpo de la Policía Montada, y especialistas del Departamento Técnico del Cibercrimen y del Departamento Trata de Personas.
En el procedimiento fue detenida una mujer argentina, mayor de edad, señalada como una de las responsables del reclutamiento. Su pareja no fue hallada: las averiguaciones establecieron que había abandonado el país con destino a Brasil el 29 de junio pasado y continúa prófugo. Se secuestró el teléfono celular de la detenida y se comprobó que administraba una plataforma de criptoactivos con fondos que ya habían sido inmovilizados por orden judicial. Los investigadores aclararon que no se hallaron otras posibles víctimas ni documentación vinculada directamente a maniobras de trata, aunque el análisis de los dispositivos secuestrados será clave para determinar el alcance real de la red.
Conviene mirar los incentivos. Una promesa de US$ 3.000 mensuales —sin contrato, sin pasaje de regreso y con instrucciones de mentir a las autoridades— es el perfil clásico de una operación que explota la vulnerabilidad económica para exportar cuerpos a un conflicto ajeno. El aparato estatal argentino, en este caso, actuó con eficacia: la detección temprana en Ezeiza evitó que los cuatro hombres llegaran al frente. El dato que importa ahora es cuántas personas más pudieron haber pasado por esta red antes de que la justicia la desarticulara. La respuesta depende del análisis forense de los dispositivos incautados y de la captura del prófugo en Brasil.
