El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, del partido Movimiento Ciudadano, apareció el 24 de julio en un video difundido en redes sociales para confirmar que fue notificado formalmente el 21 de julio del procedimiento de desafuero solicitado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Su mensaje fue notable por lo que omitió: en ningún momento hizo referencia directa a las acusaciones, a la periodista asesinada ni a los elementos del expediente que apuntan en su contra.
La Fiscalía veracruzana solicitó al Congreso local retirarle el fuero al alcalde por su presunta vinculación con el secuestro y asesinato de Roxana Berenice Guzmán Ramírez, fundadora del Pulso Informativo del Sureste. La periodista fue secuestrada el 2 de junio en su domicilio de Nanchital. Según información reportada por el medio Reforma con base en documentos ministeriales, los agresores la trasladaron al predio «El Limonar», en el Ejido Emiliano Zapata de Ixhuatlán del Sureste, donde habría sido interrogada, golpeada, asesinada, desmembrada e incinerada. Sus restos fueron localizados un mes después de un despliegue coordinado entre autoridades de los tres niveles de gobierno, y su identidad fue confirmada el 3 de julio.
Hasta ahora, ocho personas han sido detenidas y vinculadas a proceso penal por el crimen, entre ellas integrantes del Grupo Sombra y elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste. Según testimonios reportados por Reforma, González Martínez habría ordenado el plagio y asesinato de la comunicadora tras enterarse de que ella tenía en su poder una fotografía en la que él aparecía portando un arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Para ello, según los mismos reportes, se habría comunicado con un presunto integrante del Grupo Sombra identificado como «Shelby» o «Tommy».
El alcalde anunció que presentará alegatos «por las vías legales» dentro de los plazos establecidos e invocó la presunción de inocencia y el debido proceso. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Naomi Edith Gómez Santos, confirmó que González Martínez dispone hasta el 28 de julio para presentar su defensa por escrito o comparecer ante la Comisión Instructora. Por su parte, la diputada de Movimiento Ciudadano Elena Córdova Molina advirtió que su partido no aceptará que «se fabriquen delitos» y exigió que el procedimiento respete la presunción de inocencia.
Conviene mirar los incentivos. El caso Guzmán concentra en un solo expediente los tres factores que hacen del periodismo en ciertas regiones de México una actividad de alto riesgo: la infiltración del crimen organizado en las corporaciones policiales municipales, la presunta complicidad de funcionarios electos con estructuras como el Grupo Sombra, y la impunidad que históricamente ha protegido a quienes ordenan silenciar a comunicadores incómodos. Que ocho personas estén ya vinculadas a proceso es un avance procesal relevante; que el funcionario señalado como presunto autor intelectual siga en su cargo mientras el Congreso delibera ilustra, con precisión, las limitaciones del andamiaje institucional.
El aparato estatal veracruzano enfrenta ahora una prueba de credibilidad acotada pero concreta: el plazo vence el 28 de julio. La historia sugiere cautela ante los desenlaces de procedimientos de desafuero en México, donde la lentitud legislativa ha operado con frecuencia como un mecanismo de protección de facto para los acusados. El dato importa más que el ruido: lo que ocurra en los próximos días en el Congreso de Veracruz dirá más sobre el estado de derecho en la entidad que cualquier declaración de normalidad institucional.
