La mayoría de los migrantes que llegaron nadando al enclave español de Ceuta el jueves ya regresaron a Marruecos, escoltados hasta la frontera por soldados y policías españoles. Pero el saldo de la jornada es inocultable: al menos 67 muertos, cuyos cuerpos fueron recuperados del mar entre flotadores y aletas abandonados.
Lo que desencadenó la afluencia masiva sigue sin respuesta definitiva. Los propios migrantes mostraron a periodistas publicaciones en redes sociales donde se veía a jóvenes con trajes de neopreno gritando «España está abierta» y saltando al agua. Varias de esas cuentas llevaban apenas semanas activas y acumulaban decenas de miles de «me gusta». La hipótesis de que el fenómeno fue amplificado —o incluso orquestado— por actores externos no ha sido descartada.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, apunta a una sentencia reciente del Tribunal Supremo de España que estableció que quienes entren al país por vía marítima no pueden ser devueltos de forma inmediata, y sostiene que los traficantes de personas tergiversaron esa información para prometer un camino fácil a Europa. Al mismo tiempo, Sánchez calificó a Marruecos de «buen aliado» y no le atribuyó responsabilidad, pese a que los guardias fronterizos marroquíes tuvieron que haber visto cómo se congregaban las multitudes. Sus críticos lo acusan de apaciguamiento.
La respuesta europea fue inmediata y políticamente reveladora. La primera ministra italiana Giorgia Meloni anunció la suspensión del acuerdo Schengen entre Italia y España —una declaración con escaso efecto práctico, dado que Ceuta no forma parte de la zona Schengen y los migrantes marroquíes no podían dirigirse a Europa continental sin pasar por controles—. Según la fuente, Meloni enfrenta elecciones el año próximo y su coalición pierde terreno frente a un partido nuevo y «virulentamente antiinmigrante»: la crisis fue una oportunidad para mostrarse firme, y la aprovechó. Su petición para celebrar el próximo martes una reunión urgente de ministros del Interior de la UE fue firmada por casi dos docenas de jefes de Estado, que exigen eliminar las políticas que puedan ser «factores de atracción» de migrantes hacia Europa.
El señalamiento apuntaba, sobre todo, a la decisión española de permitir que cientos de miles de inmigrantes indocumentados solicitaran permisos de residencia y trabajo para regularizar su estatus. Aunque esa medida ya había finalizado y no fue el motivo del cruce masivo, el debate político la resucitó con fuerza.
Desde Washington, el presidente Donald Trump —molesto con España por oponerse a su política hacia Irán, según la fuente— calificó la situación de «catástrofe» e «invasión». Rusia, por su parte, celebró el caos: cualquier división entre aliados de Ucrania le resulta funcional. En cuanto a Marruecos, atribuye lo ocurrido a «organizaciones criminales».
Conviene mirar los incentivos. La crisis de Ceuta no es un accidente de la naturaleza: es el producto predecible de señales contradictorias —sentencias judiciales, regularizaciones masivas, fronteras con vigilancia variable— que el aparato estatal español ha emitido durante años. Cuando esas señales se viralizan en redes sociales, el resultado es una tragedia humana y una factura política que pagan tanto los contribuyentes españoles como la credibilidad del proyecto europeo de libre circulación. El dato importa más que el ruido: al menos 67 personas murieron en un cruce que, según la propia fuente, no encontró nada al otro lado. Ningún relato sobre la necesidad de mano de obra o la hospitalidad europea puede esquivar ese número.
