Al menos 20 personas murieron y 32 resultaron heridas en la madrugada del miércoles tras los bombardeos ejecutados por fuerzas de Estados Unidos y Arabia Saudí contra instalaciones de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), la coalición de milicias mayoritariamente chiíes y de orientación proiraní que opera en Irak.
Los ataques alcanzaron posiciones en siete provincias: Bagdad, Wasit, Nínive, Basora, Kirkuk, Kerbala y Diyala, según un comunicado difundido por la propia coalición de milicias. Las FMP calificaron el número de fallecidos de «preliminar», dejando abierta la posibilidad de que la cifra aumente a medida que se evalúen los daños. La cadena Rudaw reportó destrucción de edificios, vehículos y equipamiento militar.
Las milicias denunciaron una «peligrosa escalada» y una «violación de la soberanía iraquí» por parte de Washington y Riad. El señalamiento retoma un argumento recurrente: las FMP forman legalmente parte del Ejército iraquí, aunque operan como rama militar independiente con estructura y presupuesto propios, sin fusionarse con las Fuerzas Terrestres regulares.
El contexto inmediato es relevante. A principios de junio, dos facciones iraquíes proiraníes anunciaron su intención de iniciar trámites para entregar armas al Estado y abandonar las FMP, una semana después de que Saraya al Salam —las Brigadas de la Paz del clérigo chií Muqtada al Sadr— diera ese mismo paso. El Gobierno central de Bagdad ha exigido el control centralizado de todas las operaciones armadas bajo la presión acumulada de actores internacionales y de los propios bombardeos atribuidos a Estados Unidos e Israel en el marco de la escalada bélica en Oriente Próximo.
La operación del miércoles es, hasta ahora, la de mayor alcance geográfico documentado contra las FMP: siete provincias en una sola noche sugieren una acción planificada para degradar capacidades logísticas y de mando simultáneamente, no solo responder a un incidente puntual.
Conviene mirar los incentivos. Para Washington y Riad, el objetivo declarado —aunque no explicitado en los comunicados disponibles— es acelerar el desmantelamiento de una red de milicias que responde, al menos en parte, a Teherán y que ha dificultado durante años la consolidación del monopolio estatal iraquí sobre el uso de la fuerza. Cada facción que entrega armas al Estado reduce el margen de maniobra iraní en el país y fortalece, en teoría, las instituciones regulares de Bagdad.
El dato importa más que el ruido. El proceso de desarmamiento voluntario que algunas facciones habían iniciado en junio podría verse complicado o acelerado por estos bombardeos: complicado porque los sectores más duros de las FMP usarán las bajas para rechazar cualquier negociación; acelerado porque las facciones más pragmáticas pueden concluir que la alternativa a entregar armas es seguir siendo blanco legítimo. La historia sugiere cautela ante ambas lecturas. Lo que sí queda claro es que el equilibrio de poder dentro de las FMP —y entre Bagdad, Washington y Teherán— está siendo redefinido esta semana con munición real, no con comunicados.
