Air Europa anunció la cancelación de sus vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia, Venezuela, los días 19 y 26 de julio. La suspensión se extiende también a las operaciones con Caracas para el 7 y 14 de agosto.
La compañía española atribuye la medida a «limitaciones operativas en el país», derivadas de los terremotos registrados recientemente en Venezuela, que afectaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas. Fue precisamente ese daño el que llevó a Air Europa a reprogramar de forma temporal su operativa hacia la ciudad de Valencia como alternativa.
La aerolínea flexibilizó su política de cambios para los pasajeros afectados. Según informó la compañía, toda la información sobre modificaciones de billetes, alternativas de viaje y actualizaciones operativas puede consultarse a través de sus canales habituales de atención y en su sitio web.
Air Europa señaló que mantendrá esta operativa desde y hacia Valencia «hasta que se pueda recuperar la normalidad en el aeropuerto de Caracas», con el objetivo de preservar la conectividad entre España y Venezuela.
Otras aerolíneas también han retomado operaciones hacia Venezuela utilizando Valencia como punto de entrada. Iberia opera desde esa ciudad, y TAP, la portuguesa, reanudó sus vuelos desde este lunes, según la misma fuente.
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El episodio ilustra, con precisión quirúrgica, el costo que pagan los ciudadanos venezolanos —y quienes mantienen vínculos familiares o comerciales con el país— por la fragilidad de una infraestructura que el Estado no ha podido sostener. La interrupción de vuelos no es un accidente climático aislado: es la expresión visible de décadas de desinversión en infraestructura crítica bajo un modelo que priorizó el control político sobre la capacidad operativa.
Conviene mirar los incentivos. Las aerolíneas privadas —Air Europa, Iberia, TAP— absorben el costo de la adaptación y ofrecen alternativas a sus pasajeros. El aparato estatal venezolano, en cambio, entrega un aeropuerto dañado y una conectividad que depende de la voluntad y la resiliencia de operadores extranjeros. Mientras Caracas no garantice condiciones mínimas de seguridad jurídica y operativa, la normalidad seguirá siendo una promesa diferida.
