El miércoles 2 de mayo de 2001, Leslie Preer, de 49 años, fue hallada muerta en el baño de la suite principal de su casa en el número 4824 de la avenida Drummond, en Chevy Chase, Montgomery, Maryland. La encontraron su esposo, Carl «Sandy» Preer, y el jefe de Leslie en la empresa de publicidad Specialties Inc, Brett Reidy, quienes llegaron juntos a la vivienda a las 11.35 tras no poder localizarla. El operador del 911 recibió la llamada a las 11.47.
El cuerpo de Leslie estaba boca abajo, con las piernas semiflexionadas sobresaliendo del cubículo de la ducha. La autopsia determinó que había recibido aproximadamente siete golpes en la nuca y en la frente, presentaba heridas defensivas y había sido rematada por ahorcamiento manual. Tenía 49 años y le faltaban ocho días para cumplir los 50.
La escena reveló una lucha intensa. El luminol iluminó paredes, pisos, marcos de puertas, zócalos, muebles y las bachas de la cocina y del baño: la presencia hemática era extensa aunque alguien había intentado limpiarla. Los peritos elaboraron la hipótesis de que el agresor golpeó a la víctima en la planta baja, trasladó el cuerpo al piso superior y lo colocó bajo la ducha para borrar rastros.
Lo más relevante estaba debajo de las uñas de Leslie: material genético de un hombre desconocido. En 2001, los resultados de ADN tardaban alrededor de 60 días. Cuando llegaron, descartaron al viudo como fuente del perfil y lo retiraron del primer lugar de la lista de sospechosos, aunque los detectives no lo descartaron del todo. Carl había fallado un test de polígrafo y su relato de la noche anterior —una visita a un basural y la búsqueda de piezas en tres locales— había generado sospechas de que intentaba construir una coartada.
Las autoridades le pidieron a Carl que confeccionara una lista exhaustiva de todos los hombres que habían tenido contacto con Leslie a lo largo de su vida: familiares, amigos, colegas, vecinos, conocidos y amigos de su hija. Según la información disponible, el nombre del eventual sospechoso figuraba en esa lista desde el principio. Pasarían 23 años antes de que las autoridades repararan en él.
El detenido finalmente identificado era un antiguo novio de la hija de la víctima. El «descuido» que permitió la identificación fue la conservación del perfil de ADN extraído de las uñas de Leslie, que décadas después pudo cotejarse con bases de datos o muestras obtenidas por otros medios.
Conviene mirar los incentivos que rodean este caso. La persistencia del equipo forense en preservar la evidencia biológica durante más de dos décadas —en lugar de archivar el expediente como irresoluble— fue la diferencia entre impunidad y justicia. El dato importa más que el ruido: no fue una confesión ni un testigo tardío, sino una muestra de células epidérmicas arrancadas en los últimos segundos de una lucha desesperada lo que habló por la víctima cuando ninguna institución podía hacerlo.
El caso ilustra, además, el valor de los registros forenses mantenidos con rigor y continuidad institucional. Donde el aparato del Estado suele fallar por burocracia o desidia, aquí la cadena de custodia sostuvo la posibilidad de rendir cuentas. Es un recordatorio de que la justicia, cuando las instituciones funcionan, puede ser lenta pero no necesariamente ciega.
