Gladys Adaeze Okafor, una mujer nigeriana de 56 años que vive en Massachusetts como residente permanente, fue acusada por el Departamento de Justicia de votar ilegalmente en al menos dos elecciones, según las autoridades.
Los fiscales federales alegan que Okafor falsificó repetidamente su estatus de ciudadanía en documentos oficiales, bajo pena de perjurio, para obtener acceso a la papeleta. En julio de 2022, habría presentado una tarjeta de registro de votante y firmado una certificación en la que afirmaba ser ciudadana estadounidense, dijeron las autoridades. En octubre de 2023, presentó otra tarjeta de registro en la que marcó una casilla diciendo que era ciudadana estadounidense, según los fiscales.
La acusación sostiene que después de esa segunda presentación, Okafor votó en la primaria presidencial de 2024. También fue acusada de haber votado en las elecciones de medio término de 2022, aunque la fuente disponible no aporta una secuencia temporal suficiente para precisar más allá de esa imputación oficial.
Okafor nació en Nigeria y obtuvo la residencia legal permanente en diciembre de 2022. Los fiscales dijeron además que no es ciudadana estadounidense y que no ha solicitado la ciudadanía.
Está previsto que comparezca el miércoles ante un tribunal federal en Boston.
El caso se inserta en una serie de acusaciones recientes por presunto voto ilegal o registro fraudulento. A principios de este mes, el Departamento de Justicia presentó cargos contra cinco personas en Pensilvania, Nueva Jersey y Wisconsin por casos relacionados con las elecciones de 2022 o 2024. También se informó de siete no ciudadanos acusados en Texas en el marco de una investigación sobre integridad electoral.
Conviene mirar los incentivos. Cuando el acceso al voto depende de declaraciones juradas y controles administrativos, cualquier falla abre una puerta que erosiona la confianza en el proceso. El costo no es abstracto: lo pagan los ciudadanos que cumplen las reglas y esperan que el Estado aplique las mismas a todos.
La integridad electoral no es un detalle burocrático; es una condición básica de la legitimidad democrática. Si las autoridades federales sostienen estas imputaciones, el caso recuerda que el aparato estatal debe hacer cumplir la ley con precisión, no solo anunciarla. El dato importa más que el ruido.
