La actriz chilena Amparo Noguera presentó una demanda civil ante el Séptimo Juzgado Civil de Santiago en contra del Banco de Chile por un total de $528 millones, según consta en el escrito de 65 páginas elaborado por el estudio BACS Abogados. La acción se produce aproximadamente diez meses después de que una banda de 13 integrantes —dos de ellos aún prófugos— la engañara haciéndose pasar por funcionarios de la PDI y ejecutivos bancarios, vaciando lo que la propia actriz describió como «los ahorros de casi cuarenta años de trabajo intenso, metódico y profundamente disfrutado».
El monto de la estafa ascendió a casi $400 millones. Durante ocho días, Noguera retiró en efectivo y en sucursales del Banco de Chile un crédito de $40 millones aprobado ese mismo período, más tres giros de emergencia por $106, $93 y $150 millones, provenientes de fondos mutuos y ahorros.
La demanda solicita la nulidad absoluta de esos giros y del crédito, la rescisión de los actos jurídicos por vicios del consentimiento, la resolución del contrato de cuenta corriente, la restitución del provecho del dolo y una indemnización. Los abogados argumentan que el banco «claramente» incumplió la regulación porque «no detectó —o detectó y no actuó— un patrón operacional manifiestamente anómalo» durante una semana en que las operaciones «no guardaban proporción alguna con el comportamiento histórico de la cuenta ni con el perfil transaccional habitual» de la actriz.
El abogado Alejandro Awad fue más directo: según él, «el propio jefe de seguridad del Banco declaró que Amparo Noguera podría estar 'marcada' y que era 'sospechoso'. Es decir, lo sabían. Y aún sabiéndolo, siguieron entregando dinero a una mujer con su voluntad secuestrada». Awad añadió que el banco «no solo no protegió a su clienta, sino que además ganó y quiere seguir ganando dinero con el fraude», dado que le cobró intereses sobre la deuda generada durante la estafa.
El trasfondo procesal complica el cuadro. El propio Banco de Chile había demandado previamente a Noguera ante el Juzgado de Policía Local de Providencia por «dolo o culpa grave», alegando que la actriz «habría incumplido con sus deberes de cuidado» y que la entidad «habría cumplido con todos sus deberes legales». La defensa de Noguera responde que ella «actuó de buena fe y con ausencia de culpa grave o dolo» y que su voluntad «carecía de la seriedad necesaria para producir efectos jurídicos» al momento de las operaciones.
En paralelo, la Fiscalía Metropolitana Oriente mantiene abierta la investigación penal contra la banda.
El caso plantea una tensión de fondo que va más allá de la disputa entre una cliente y su banco. Cuando una institución financiera detecta —según alega la propia demanda— señales de alerta en tiempo real y aun así aprueba un crédito de consumo el mismo día en que se vacía el patrimonio de una clienta, la pregunta sobre los incentivos del sistema resulta inevitable. Los bancos tienen obligaciones regulatorias de monitoreo precisamente porque el costo de no actuar recae sobre el depositante, no sobre la entidad. Si los hechos alegados se prueban, el argumento de que el banco «cumplió todos sus deberes legales» se sostendría con dificultad ante cualquier tribunal que lea el expediente con atención.
Conviene mirar los incentivos: un sistema donde la víctima de una estafa debe además defenderse de una contrademanda de su propio banco no genera confianza en la banca de retail. El dato importa más que el ruido procesal.
