Dos aspirantes al Servicio Penitenciario de Santa Fe fueron detenidos y otros cinco quedaron bajo investigación tras la denuncia de abuso sexual presentada por un compañero de 19 años en la Escuela Penitenciaria N°7 «Marcos Sánchez», ubicada en la ciudad de Santa Fe.
El hecho ocurrió dentro del establecimiento pero, según precisó el director provincial de Investigación Criminal, Galfrascoli, «fuera de la esfera de custodia directa de las personas que tienen a cargo a estos chicos para su formación». Los siete involucrados son varones mayores de edad que cursaban el primer año junto a la víctima.
La denuncia fue presentada por uno de los directores de la escuela, lo que activó la intervención de la fiscal Jorgelina Moser Ferro, del Ministerio Público de la Acusación. La fiscal dispuso el traslado del joven a la Comisaría de la Mujer para la realización de exámenes físicos y psicológicos, y ordenó la investigación al Área de Género y Trata de Personas de la Policía de Investigaciones (PDI).
El caso fue caratulado de manera preliminar como abuso sexual simple con circunstancias agravantes, aunque la calificación podría modificarse según los resultados de los informes médicos y psicológicos. Dos de los acusados ya se encuentran bajo arresto; el resto fue notificado formalmente de la causa y las investigaciones podrían derivar en más detenciones.
Galfrascoli calificó el hecho como «absolutamente extraordinario y terrible» y aseguró que los implicados «no van a volver a pisar un establecimiento santafesino». El gobierno provincial informó que avanza en la baja y expulsión definitiva de todos los involucrados, tanto en el plano penal como en el administrativo. Se activaron además protocolos de contención integral para el joven agredido y su familia.
«No se deja que ninguna persona que haya tenido conductas como estas pueda seguir un segundo más en nuestras escuelas», reiteró el funcionario ante la prensa.
El dato importa más que el ruido. Lo que este caso pone sobre la mesa no es solo la gravedad del delito en sí, sino la pregunta sobre los mecanismos de supervisión dentro de los establecimientos de formación del Estado. Una escuela que prepara a futuros custodios del orden penitenciario tiene una obligación institucional doble: formar en la norma y garantizar que esa norma rija también puertas adentro. Que el hecho haya ocurrido en un espacio sin vigilancia directa no exime a la institución; la señala.
Conviene mirar los incentivos. La respuesta rápida de las autoridades —detenciones, protocolos activados, promesa de expulsión definitiva— es el mínimo esperable de un aparato estatal que funciona. La prueba real no está en la rueda de prensa, sino en si las audiencias imputativas avanzan sin dilaciones y si la calificación legal refleja fielmente lo que los informes médicos y psicológicos determinen. El seguimiento de esas instancias dirá más sobre la solidez institucional de Santa Fe que cualquier declaración de funcionarios.
