Un abogado panameño presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, una solicitud de medidas cautelares a favor del ciudadano chino Kenneth Zhang, actualmente detenido en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de Panamá.
El recurso busca impedir que Zhang sea deportado o entregado a las autoridades de la República Popular China antes de que concluya el proceso de extradición formal. Su abogado, Ignacio Álvarez, argumenta que, de regresar a China, Zhang podría ser sometido a actos de tortura o tratos inhumanos y degradantes, en relación con cargos por apropiación ilícita de activos empresariales que ese país le imputa entre 2020 y 2022. El documento presentado ante la CIDH sostiene que el Estado panameño tiene la obligación de garantizar la vida, la integridad personal y el derecho a la defensa del detenido.
Zhang fue aprehendido el 11 de julio en el corregimiento de Calidonia, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol emitida a solicitud de las autoridades chinas. Al día siguiente, el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial declaró legal la solicitud de extradición y ordenó mantenerlo detenido mientras se completa el proceso. Guillermo Cochez, otro integrante del equipo legal de Zhang, anunció que presentará además una solicitud de fianza de excarcelación.
La figura de Zhang está ligada a uno de los proyectos portuarios más controvertidos de la costa atlántica panameña. Zhang es directivo de Landbridge Holding Inc. (LHI), corporación registrada en Barbados que en su momento controló Panama Colón Container Port (PCCP), la sociedad que obtuvo el contrato de concesión para desarrollar un puerto y una terminal de contenedores en Isla Margarita, provincia de Colón. A principios de este año, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) rescindió ese contrato a PCCP por incumplimientos en la ejecución del proyecto.
La situación legal de Zhang no se limita al proceso de extradición. Enfrenta también un reclamo en los tribunales de Delaware, Estados Unidos, interpuesto por una sociedad que alega haber sido ilegalmente despojada del 51% de las acciones de PCCP.
El caso concentra, en un solo expediente, varias tensiones que definen la coyuntura panameña: la gestión de activos portuarios estratégicos, la presencia de capital chino en infraestructura crítica y la solidez del aparato judicial frente a presiones externas.
Conviene mirar los incentivos. El gobierno de Mulino rescindió la concesión de Isla Margarita por incumplimientos verificables, una señal de que Panamá está dispuesta a defender la integridad de sus contratos y la estabilidad jurídica que los inversionistas serios requieren. Que la defensa de Zhang recurra a la CIDH antes de agotar las instancias nacionales revela una estrategia orientada a ganar tiempo más que a demostrar inocencia en los cargos de fondo. El dato importa más que el ruido: lo que está en juego no es solo el destino de un directivo, sino la señal que Panamá envía sobre su disposición a administrar sin interferencias externas los activos que rodean al Canal.
