Un mes después de los terremotos del 24 de junio, el balance oficial revela la magnitud del daño estructural acumulado en la Gran Caracas y el estado Vargas. El ministro de Transporte, Francisco Garcés, informó este martes que de 32.485 inspecciones técnicas completadas, 7.147 edificaciones quedaron clasificadas en categoría roja —restricción por riesgo de habitabilidad— y 7.199 en categoría amarilla, que exige evaluación más detallada.
El sistema de semáforo técnico empleado por la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras divide los inmuebles en tres niveles: verde (18.139 estructuras), amarillo (7.199) y rojo (7.147). Garcés subrayó que la etiqueta roja «no implica orden de demolición automática, sino restricción por motivos de seguridad pública», y que una segunda fase de inspección detallada determinará el destino definitivo de cada inmueble comprometido.
El estado Vargas concentra el daño más severo. De las 12.552 inspecciones realizadas en esa región, 4.373 estructuras recibieron categoría roja y 3.110 categoría amarilla, frente a 5.069 en verde. En Caracas, de 17.832 evaluaciones, 11.946 resultaron sin riesgo inmediato. Miranda registra el menor impacto relativo: 3.840 verdes, 634 amarillas y 404 rojas sobre un total de 4.878 revisiones.
Garcés confirmó que el litoral central concentrará el mayor número de demoliciones, dado el colapso total o parcial de estructuras que han perdido su capacidad portante. Cada procedimiento, precisó, será notificado a propietarios y alcaldías de forma progresiva. La Vicepresidencia de Obras Públicas encabeza las labores junto con equipos de acompañamiento técnico.
La comisión proyecta superar las 50.000 evaluaciones en los próximos 15 a 20 días. Tras esa revisión preliminar, se activará la segunda fase —inspección pormenorizada de inmuebles rojos y amarillos— y una tercera etapa orientada a proyectos de reparación.
En materia de servicios, el ministro adelantó que el Ministerio de Comercio emitirá una disposición transitoria de Sencamer para reactivar ascensores paralizados: los condominios podrán habilitar el servicio mediante la certificación escrita de un responsable técnico independiente, notificada a la alcaldía correspondiente.
Sobre el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Garcés ofreció un diagnóstico moderadamente optimista. De las 112 vigas del terminal, solo una colapsó; los daños, dijo, son «absolutamente rescatables». Las autoridades estiman operaciones parciales en «dos meses, tal vez un poco más».
El dato importa más que el ruido. Lo que revelan estas cifras no es solo la escala del desastre físico, sino la magnitud del desafío de gestión que enfrenta un Estado venezolano con recursos limitados, instituciones debilitadas por años de desinversión y un sector privado al que se le restringe sistemáticamente la capacidad de actuar con autonomía. La medida transitoria para los ascensores —delegar en técnicos independientes lo que la burocracia no puede atender— es, involuntariamente, un argumento a favor de la libre empresa: cuando el aparato estatal colapsa bajo su propio peso, el mercado ofrece la salida más rápida. La pregunta que las próximas semanas responderán es si esa lógica se extenderá a la reconstrucción más amplia, o si el régimen preferirá administrar la crisis como recurso político antes que resolverla.
