Camerún lleva 54 días sin ver a su presidente. Paul Biya, de 93 años y el jefe de Estado de mayor edad del mundo, abandonó el país el 7 de junio para lo que sus funcionarios describieron como una «estancia corta y privada en Europa» junto a su esposa, Chantal Biya. Desde entonces, el silencio oficial ha sido tan elocuente como las contradicciones que lo rodean.
El gobierno no reveló el país exacto de destino, aunque Biya pasa habitualmente largas temporadas en el hotel InterContinental de cinco estrellas de Ginebra, a veces por razones médicas. El ministro de Comunicación, René Emmanuel Sadi, negó el 18 de junio cualquier hospitalización y aseguró que el mandatario «trabaja desde Ginebra, donde reside actualmente». El ministro de Educación Superior, Jacques Fame Ndongo, añadió que Biya había estado «siguiendo meticulosamente los expedientes que le presentaron sus asistentes». El ministro de Trabajo, Grégoire Owona, ofreció una lectura distinta: el presidente simplemente estaba disfrutando de sus «vacaciones anuales», un derecho que, según él, comparte con cualquier trabajador camerunés.
Tres ministros, tres versiones. El dato importa más que el ruido.
La oposición no ha tardado en señalar el fondo del problema. Mamadou Mota, vicepresidente del Movimiento del Renacimiento de Camerún, habló de un «claro vacío institucional» y advirtió que un país no puede ser gobernado por control remoto mientras enfrenta desafíos socioeconómicos críticos. El Frente Socialdemócrata fue más preciso: la cuestión no es si Biya tiene derecho constitucional a viajar, sino la incapacidad del gobierno para justificar que una visita «breve y privada» se haya extendido por casi dos meses. Patricia Tomaïno Ndam Njoya, de la Unión Democrática de Camerún, pidió formalmente un procedimiento para determinar cualquier «incapacidad temporal o permanente del jefe de Estado».
El marco constitucional agrava la incertidumbre. En abril, el Parlamento reintrodujo el cargo de vicepresidente mediante una reforma constitucional, pero el puesto sigue vacante. Eso significa que Camerún carece hoy de un sucesor designado en caso de incapacidad presidencial. La Constitución establece que, ante muerte o incapacidad permanente, el presidente del Senado asume de forma interina y se convocan elecciones en un plazo de entre 20 y 120 días. Ese cargo lo ocupa Aboubakary Abdoulaye, de 65 años, elegido en marzo. Mientras tanto, según informes, el hijo y el hijastro de Biya compiten abiertamente por posicionarse, y los desacuerdos entre ministros del gabinete se han vuelto frecuentes.
La última aparición pública de Biya con amplia difusión fue el 20 de mayo, durante las celebraciones del Día Nacional en Yaundé. Desde entonces, el país más rico en petróleo de África central navega, en palabras de la oposición, en «piloto automático».
Conviene mirar los incentivos. Un régimen que lleva más de cuatro décadas en el poder y que en octubre de 2024 llegó a prohibir hablar sobre la salud del presidente no tiene incentivos para la transparencia; los tiene para la opacidad. El resultado es predecible: rumores, versiones oficiales incompatibles y una institucionalidad que cruje. Camerún ilustra con claridad el costo que pagan los ciudadanos cuando un Estado construye su estabilidad sobre una persona en lugar de sobre reglas. La historia sugiere cautela: los vacíos de poder de esta naturaleza rara vez se resuelven de forma ordenada cuando las instituciones de sucesión existen solo en el papel.
