El Tolima enfrenta una emergencia de escala inusual. Al cierre del jueves 13 de agosto, la Gobernación contabilizaba 39 conflagraciones activas distribuidas en 18 municipios del departamento, con los focos más graves concentrados en San Luis y Guamo, ambos a unos 80 kilómetros de Ibagué.
La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, Ericka Lozano, confirmó que se gestionó el apoyo de dos aeronaves AT-802 de la Policía Nacional para realizar descargas de agua con retardante en los puntos de mayor complejidad. Las operaciones aéreas se coordinan desde el aeropuerto Perales, donde bomberos aeronáuticos garantizan el abastecimiento. Según Wilson Guerrero, bombero aeronáutico, el equipo disponible permite cargar cerca de 400 galones de agua en aproximadamente un minuto y medio.
Las descargas aéreas se han extendido a Ortega, Guamo, Melgar, Honda, Chaparral, Carmen de Apicalá, Valle de San Juan y Piedras. El municipio de Alvarado permanece bajo declaratoria de calamidad pública.
La gobernadora Adriana Magali Matiz informó que el Gobierno nacional envió, en un vuelo del Ejército, un pelotón especializado en Atención y Prevención de Desastres. A eso se suman dos helicópteros especializados de la Policía Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana. «En las emergencias, la respuesta debe ser inmediata y la presencia del Estado, contundente», declaró Matiz, quien agradeció públicamente el respaldo presidencial.
En terreno, la Gobernación señaló que bomberos, organismos de socorro, comunidad, Policía Nacional y Ejército trabajan de manera coordinada. La situación, advirtió la entidad, «ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del departamento». Otros cuatro departamentos del país también registran incendios activos y reciben apoyo de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía.
El contexto climático es determinante: la Gobernación atribuye las condiciones que alimentan los incendios al fenómeno de El Niño.
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Conviene mirar los incentivos. Una emergencia de esta magnitud —39 frentes simultáneos, un municipio en calamidad pública y recursos aéreos movilizados desde Bogotá— expone con claridad los límites de la capacidad institucional local cuando el ciclo climático aprieta. La pregunta que queda abierta no es si el Estado respondió, sino con qué velocidad y con qué recursos propios contaba el departamento antes de que llegara el refuerzo nacional.
El dato importa más que el ruido. Colombia gasta recursos considerables en aparato burocrático de gestión del riesgo; la prueba de fuego —literal, en este caso— es si esa inversión se traduce en capacidad de respuesta autónoma a nivel departamental o si cada emergencia mayor termina dependiendo de la voluntad política del centro. La respuesta que ofrezca el Tolima en las próximas semanas, cuando se evalúen daños y se auditen los recursos movilizados, dirá más sobre la solidez institucional del país que cualquier comunicado oficial.
