El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dejó expirar la semana pasada las sanciones reforzadas contra decenas de funcionarios de Hong Kong responsables de aplicar las órdenes de Beijing que liquidaron las libertades civiles de la ciudad, según reportó el New York Post. La medida, descrita oficialmente como una «modernización técnica», no fue anunciada con fanfarria; llegó en silencio.
El alcance es concreto. Nueve individuos —entre ellos cinco funcionarios de seguridad en activo— recuperan acceso pleno al comercio y las transacciones con Estados Unidos. Otros 39, incluida Carrie Lam, la política que encabezó el aplastamiento de las libertades hongkonesas, pasan a una lista secundaria que les abre acceso significativo a la economía global. El Ministerio de Comercio de China ya celebró la decisión como una concesión comercial mayor de Washington, según la misma fuente.
Las sanciones originales las impuso el propio Donald Trump en 2020 y fueron renovadas sucesivamente por su administración y la de Joe Biden. Que ahora expiren bajo una segunda administración Trump convierte la movida en una anomalía difícil de encuadrar en la retórica de línea dura frente a Beijing que caracteriza al equipo del presidente.
El trasfondo humano agrava el contraste. Jimmy Lai, fundador del diario pro-democracia Apple Daily y figura emblemática de la resistencia cívica hongkonesa, cumple condena en prisión tras ser sentenciado a 20 años por «conspiración para cometer colusión con fuerzas extranjeras» —es decir, por dirigir un periódico, según sus defensores—. Su hijo Sebastien Lai ha llevado el caso ante instancias internacionales, incluido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La arquitectura legal para revertir la decisión existe. El New York Post señala que el Departamento de Estado podría actualizar su informe bajo la Sección de la Ley de Autonomía de Hong Kong para mantener a los nueve funcionarios deslistados bajo sanción; la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) podría reintegrar a los otros 39 en la lista de Nacionales Especialmente Designados y emitir advertencias a la banca internacional. El Congreso, por su parte, podría codificar estas sanciones en ley federal para que no vuelvan a expirar por omisión administrativa.
El momento es llamativo. La administración Trump ha elevado en semanas recientes el tono sobre la injerencia china en la política electoral estadounidense y sobre la asistencia de Beijing a Irán en operaciones contra tropas norteamericanas. Que en ese contexto se permita el vencimiento silencioso de una herramienta de presión sobre los ejecutores del retroceso democrático en Hong Kong no tiene explicación pública satisfactoria.
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Conviene mirar los incentivos. La decisión beneficia a Beijing de forma tangible e inmediata —su propio Ministerio de Comercio lo dijo en voz alta— y no ofrece ninguna contrapartida verificable para Washington. El libre mercado y la soberanía individual que Hong Kong encarnó durante décadas no son abstracciones: fueron el modelo que demostró que el capitalismo y el estado de derecho generan prosperidad donde el dirigismo fracasa. Dejar que los arquitectos del desmantelamiento de ese modelo recuperen acceso al sistema financiero occidental sin costo alguno envía una señal de precio equivocada a todos los actores de la región.
El dato importa más que el ruido. Si la política exterior de la administración Trump hacia China se mide por resultados y no por declaraciones, este episodio es un punto negativo que sus propios aliados en el Congreso tendrán incentivos para corregir. La historia sugiere cautela ante concesiones que no vienen acompañadas de reciprocidad documentada.
