Tres semanas después de los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio, los equipos internacionales de búsqueda y rescate comienzan a retirarse tras concluir sus misiones. Lo que queda es una emergencia en segunda fase: duelo, escombros y miles de familias sin techo que, en muchos casos, han tenido que alquilar maquinaria pesada con donaciones privadas para seguir buscando a sus seres queridos.
El dato que más importa lo aporta Transparencia Venezuela: el 83 % de los rescates organizados ocurrió durante las primeras 48 horas posteriores a los sismos, y la mayoría fue realizado por familiares, vecinos y sobrevivientes, no por el aparato estatal. La cifra no es un detalle técnico; es un diagnóstico del Estado venezolano.
En los refugios temporales instalados en escuelas y parques permanecen miles de desplazados. Organizaciones humanitarias advierten sobre el riesgo de una segunda crisis: hacinamiento, altas temperaturas, daños en los sistemas de agua potable y posible propagación de dengue, infecciones respiratorias y cuadros diarreicos. Los escombros, según información previa difundida por medios venezolanos, superan los dos millones de toneladas.
El régimen, por su parte, ha centrado su comunicación en la reconstrucción y en anuncios de proyectos de nuevas viviendas para los damnificados. Persisten, sin embargo, las dudas sobre la llegada efectiva de la ayuda internacional, según reporta Bloomberg.
Conviene mirar los incentivos. Un gobierno que controla la narrativa de la reconstrucción —adjudicaciones, materiales, listas de beneficiarios— extrae capital político de la catástrofe aun cuando la respuesta operativa haya sido tardía o insuficiente. Las viviendas prometidas son, en el vocabulario chavista, un instrumento de fidelización tanto como una solución habitacional. La historia del programa «Gran Misión Vivienda» sugiere cautela ante los anuncios.
El dato importa más que el ruido. Lo que la emergencia reveló no es solo la fragilidad sísmica de ciertas regiones venezolanas, sino la fragilidad estructural de un Estado que ha subordinado la capacidad institucional a la lealtad política durante más de dos décadas. Cuando el rescate lo hacen los vecinos y la maquinaria la pagan las familias, el Estado no está ausente por accidente: está ausente por diseño.
La segunda crisis que anticipan las organizaciones humanitarias —enfermedades, hacinamiento, colapso sanitario— no llegará con la espectacularidad de un sismo, pero puede ser igualmente letal. Y si ocurre, el régimen dispondrá del mismo recurso de siempre: culpar al bloqueo, a las sanciones o a la falta de solidaridad internacional, mientras administra con discreción los fondos y los contratos de reconstrucción. La comunidad internacional, que ya retiró sus equipos de rescate, debería mantener abiertos los canales de verificación independiente antes de que también se retire la atención.
