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Antisemitismo y costo político de minimizarlo

Una líder judía de Orange County acusa al congresista Dave Min de restar gravedad a las amenazas y libelos contra su comunidad. El caso ilustra cómo la ignorancia pública puede traducirse en más inseguridad y más gasto en protección.
Imagen generada con IA
Líderesviernes 16 de octubre de 2026

Desde California, Julie Heiman describe un clima que cambió tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023. Dice que amigos suyos han recibido amenazas de muerte por apoyar a Israel, que le vandalizaron una propiedad y que ahora retira símbolos judíos antes de llevar a un familiar a una cita médica por temor a ser tratada de forma distinta.

Heiman vincula ese deterioro con una campaña de propaganda de Hamas. Sostiene que el grupo construyó su infraestructura militar dentro y debajo de escuelas, mezquitas y hospitales para que cualquier respuesta israelí generara imágenes de indignación. Añade que muchos en Occidente ignoran a Hamas y descargan su odio solo sobre Israel y sobre quienes lo apoyan.

El centro de su crítica es el congresista Dave Min. En un foro con miembros de la comunidad judía de Orange County, Min expresó preocupación por el aumento del antisemitismo desde el 7 de octubre y prometió «continuar denunciándolo», recordando además que condenó en 2019 una esvástica creada con vasos desechables en una fiesta de Orange County. Para Heiman, esa firmeza frente a símbolos de la extrema derecha no se trasladó al rechazo de lo que ella considera odio desde la extrema izquierda.

Según relata, Min acusó a Israel de usar «excusas» para destruir hospitales en Gaza. Cuando le mostraron que Hamas sí había usado hospitales para operaciones militares, el congresista dijo que no había sido «informado» de eso. Heiman considera alarmante que, siendo miembro del Congreso y teniendo acceso a inteligencia, se apoyara en el desconocimiento.

También afirma que Min dijo que la conducta de Israel no se ajustaba a las normas modernas ni al derecho de guerra, pero que no pudo citar una sola norma violada. Y añade que el congresista acusó a Israel de «expandir» la guerra al sur del Líbano para «destruir un montón de cosas», sin reconocer, siempre según Heiman, que Hezbollah había planeado su propia ofensiva al estilo del 7 de octubre, había construido túneles terroristas en el sur del Líbano y estaba financiado y abastecido por Irán. En su versión, Israel solo llevó la lucha al sur del Líbano con seriedad después de que un misil de Hezbollah mató a doce niños drusos que jugaban al fútbol en Majdal Shams.

La campaña de Min, consultada sobre esas objeciones, dijo que las trasladaría al congresista.

Heiman sostiene que el problema no es solo retórico. A su juicio, la ignorancia del congresista termina convertida en votos en el Congreso y crea un clima que vuelve menos habitable Orange County para muchos judíos. Conviene mirar los incentivos: cuando la política trivializa la amenaza, el costo recae en las comunidades que deben blindarse más, vivir con más temor y depender de más seguridad privada o pública.

Min, dice Heiman, apoyó recientemente financiamiento adicional para seguridad en instituciones judías. Pero eso no borra, en su lectura, que repetir libelos en público alimenta precisamente la necesidad de esas medidas. El dato importa más que el ruido: si los representantes no distinguen con claridad entre propaganda y hechos, el aparato estatal termina reaccionando tarde y gastando más en contener daños que en prevenirlos.

La historia sugiere cautela. En un momento de polarización importada al espacio local, la defensa de una minoría no debería depender de intuiciones morales sino de precisión factual. Cuando un cargo público habla sin dominar los hechos, el precio no lo paga su reputación: lo pagan los ciudadanos que quedan expuestos. En este caso, el principio en juego es sencillo y antiguo: el orden civil exige decir la verdad, especialmente cuando la presión política empuja en la dirección contraria.

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