Toyota anunció el lunes una inversión de 3.600 millones de dólares para construir una segunda línea de ensamblaje en su campus de San Antonio, Texas, y trasladar gradualmente la producción de la camioneta Tacoma desde su planta en Baja California, México, a lo largo de los próximos cuatro años. La expansión añadirá 2,5 millones de pies cuadrados al complejo, lo que efectivamente duplicará el tamaño del sitio hacia 2030.
Con la ampliación, la fuerza laboral de Toyota en San Antonio crecerá a aproximadamente 6.000 empleados, respaldados por 23 proveedores instalados en el propio campus. La planta ya ensambla de manera exclusiva la Tundra y la Sequoia, y produjo más de 197.000 vehículos el año pasado. Una nueva instalación de ejes traseros de 500.000 pies cuadrados también está prevista para abrir en otoño de este año.
La inversión eleva el total acumulado de Toyota en San Antonio a 8.300 millones de dólares desde que comenzó la construcción en 2003. La compañía precisó que continuará fabricando Tacoma en su planta de Guanajuato, México, por lo que el traslado es parcial: solo la producción de Baja California migra a Texas.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó que la expansión califica para un subsidio estatal de 20 millones de dólares a través del Texas Enterprise Fund y el programa JETI, además de otros incentivos. Abbott señaló que el anuncio refuerza la posición del estado como destino preferente para la manufactura avanzada.
El presidente Donald Trump reaccionó en Truth Social con la frase «Toyota is moving from Mexico to the United States (Texas!). A really big deal. Tariffs at work!». En la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, añadió: «It's amazing. That's what tariffs do, properly used». La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también celebró la noticia en X como prueba de que Trump «está cumpliendo para los trabajadores estadounidenses».
Toyota, por su parte, matizó el entusiasmo oficial: la compañía señaló que permanece comprometida con sus operaciones en México, Canadá y Estados Unidos, y urgió a Trump a extender el acuerdo de libre comercio norteamericano que los fabricantes de automóviles consideran crítico para la producción integrada en la región. Vale recordar que en 2020 la propia Toyota trasladó la producción de Tacoma desde San Antonio hacia Guanajuato; el movimiento de ahora es, en parte, una reversión de esa decisión.
El anuncio llega en un contexto en que los aranceles sobre vehículos importados, autopartes, acero y aluminio han elevado los costos operativos de la industria. Los fabricantes han advertido que esos gravámenes amenazan la cadena de suministro integrada de América del Norte, aunque el caso Toyota ilustra que los mismos aranceles también pueden acelerar decisiones de relocalización que de otro modo habrían tardado más en materializarse.
Conviene mirar los incentivos. La combinación de presión arancelaria federal y generosidad fiscal estatal —el fondo empresarial de Texas, los programas de exención y ahora 20 millones de dólares en subsidios directos— produce exactamente el resultado que la administración Trump quiere exhibir: empleos manufactureros de alta calificación, inversión privada y titulares favorables antes de una renegociación comercial. El dato importa más que el ruido: 2.000 puestos de trabajo y 3.600 millones en capital privado son reales, independientemente del debate sobre si los aranceles son el instrumento óptimo o si el costo total para el consumidor —reflejado ya en pagos récord por vehículos nuevos— forma parte del mismo balance. La historia sugiere cautela ante los triunfalismos prematuros, pero también ante quienes descarten que los incentivos de mercado, bien estructurados, mueven fábricas.
