Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes la zona de Kumamoto, en el sur de Japón, dejando al menos un muerto y unos 80 heridos, según informó la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA). El sismo desencadenó además una alerta por tsunami que mantuvo en alerta a las autoridades locales durante las horas posteriores al temblor.
Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Sus infraestructuras están especialmente diseñadas para resistir los temblores, lo que explica que un sismo de esta magnitud no haya derivado en una catástrofe de mayor escala. La resiliencia técnica del país, construida a lo largo de décadas de inversión pública y privada en ingeniería antisísmica, constituye uno de los activos más sólidos de la sociedad japonesa.
Entre los mensajes de condolencia recibidos por Tokio figuró una carta firmada por los «copresidentes» de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, dirigida al emperador Naruhito y a la primera ministra Sanae Takaichi. En la misiva, según recogió la agencia EFE, la pareja gobernante expresó su «solidaridad y oraciones» y confió en «la capacidad de su Gobierno y la resiliencia de ese pueblo hermano» para lograr «una pronta y eficiente recuperación».
El dato no es menor: Nicaragua, cuyo régimen ha concentrado el poder ejecutivo en un matrimonio que se autodenomina «copresidente», aprovechó el canal diplomático de la tragedia natural para proyectar una imagen de normalidad institucional ante una potencia del G7. La forma importa tanto como el fondo en la diplomacia de los gobiernos que buscan legitimidad internacional.
Conviene mirar los incentivos. Japón no necesita la solidaridad de Managua para gestionar sus emergencias; dispone de instituciones, capital y capacidad técnica que han demostrado funcionar incluso ante sismos devastadores. Lo que el episodio revela es la asimetría entre un Estado que invierte en infraestructura y preparación —y cosecha resiliencia real— y regímenes que exportan retórica solidaria como sustituto de gobernanza efectiva.
El dato importa más que el ruido. Con un muerto confirmado y ochenta heridos tras un terremoto de 7,1 grados, la respuesta japonesa vuelve a ilustrar que la mejor política pública ante desastres naturales es la que se construye antes de que ocurran: regulación técnica exigente, inversión sostenida y Estado de derecho que garantice que las normas se cumplen. Esa es la lección que cualquier capital de la región debería anotar.
