El Gobierno de Irán informó este jueves de la muerte de 18 personas —incluidas dos mujeres y un niño— y elevó a 142 el número de heridos a raíz de los ataques estadounidenses de la noche del martes, que Teherán calificó de «crímenes de guerra». La cifra previa de heridos difundida por el régimen era de 68.
El portavoz del Ministerio de Salud iraní, Hossein Kermanpour, actualizó el balance —61 mujeres y 44 menores de 18 años entre los heridos— en un mensaje en redes sociales, sin precisar la ubicación de las víctimas. El número de muertos, según esa misma fuente, permanece sin cambios.
Estados Unidos atacó Irán por segunda vez en 48 horas en una ofensiva dirigida, según Washington, contra «objetivos del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica». El propósito declarado fue contrarrestar los «intentos de agresión» de Irán contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra militares estadounidenses desplegados en la región.
Entre los episodios reportados por medios oficiales iraníes, proyectiles estadounidenses alcanzaron una vivienda donde se celebraba una boda en el pueblo de Kuhestak, provincia de Hormozgan, con cuatro muertos y 68 heridos, según el director provincial de la Media Luna Roja, Mojtar Salahshur, citado por la agencia estatal IRNA. Otras siete personas murieron en tres puntos de la provincia de Juzestán, según el subdirector de Seguridad y Orden Público del Gobernador de esa provincia, Valiola Hayati.
La Guardia Revolucionaria reportó, por su parte, la muerte de cuatro miembros de su fuerza aeroespacial en la provincia de Kermanshah y de tres integrantes de la milicia basiji en la isla de Lavan, según la agencia Tasnim.
El Ministerio de Exteriores iraní comparó el ataque contra la boda con episodios previos que, según sus propias cifras, causaron 168 muertos entre estudiantes y profesores en Minab y 21 fallecidos en Lamerd durante el primer día de la guerra, el 28 de febrero.
Conviene mirar los incentivos. Todas las cifras de víctimas civiles —número de muertos, heridos, proporción de mujeres y menores— provienen exclusivamente de fuentes del régimen iraní: su Ministerio de Salud, la Guardia Revolucionaria y la agencia estatal IRNA. Ningún organismo independiente las ha verificado. Un gobierno que enfrenta una ofensiva militar extranjera tiene un incentivo evidente para maximizar el relato de víctimas civiles y calificar cada golpe de «crimen de guerra», sobre todo cuando el objetivo real declarado por Washington es la Guardia Revolucionaria, el brazo armado que Teherán utiliza para proyectar poder más allá de sus fronteras.
El dato importa más que el ruido: Estados Unidos no ha ocultado el motivo de la operación. La justificación oficial —proteger el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y a su personal militar— remite a un principio que trasciende la coyuntura bélica: la libertad de navegación es condición básica del comercio internacional, y su amenaza por parte de un actor estatal no es un asunto menor que pueda diluirse en la contabilidad de bajas que ofrece unilateralmente la parte agredida.
La historia sugiere cautela ante regímenes que combinan control absoluto de la información con necesidad urgente de legitimar su resistencia ante la opinión pública interna y externa. Eso no exime a ningún actor de responsabilidad por daños a civiles, si los hubo, pero obliga a leer estas cifras como lo que son: la versión de Teherán, no un hecho establecido de forma independiente.
