Las Fuerzas Armadas de Irán aseguraron este jueves haber colocado «más minas navales» en el llamado corredor sur del estrecho de Ormuz. El anuncio llegó horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera renombrar el paso en su honor: «Ahora que está bajo control de Estados Unidos, ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por el de estrecho de Trump?», escribió en redes sociales.
El portavoz del mando Jatam al Anbiya, Ebrahim Zolfaqari, respondió con ironía. Según él, lo único que pudo hacer el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) fue «cambiar el nombre al estrecho usando Photoshop». Y añadió: «Problema resuelto. Pueden también usar Photoshop para lograr que los petroleros pasen».
El intercambio no es solo retórico. Ormuz es el paso marítimo por el que transita una porción determinante del petróleo que consume el mundo, y las minas convierten cualquier bravata verbal en un riesgo concreto para el transporte comercial. El propio Trump había declarado el 25 de agosto que el estrecho estaba «libre de minas» y advirtió que Estados Unidos «destruirá cualquier buque que trate de volver a colocarlas».
Esa advertencia llegó después de que, el lunes, dos personas murieran en un «incidente» al paso de un buque de bandera saudí, y de que, el miércoles, otros dos buques chocaran con minas en la zona. La secuencia —advertencia estadounidense, incidentes con víctimas, nueva colocación de minas anunciada por Teherán— describe una escalada que se mide en semanas, no en meses.
El trasfondo diplomático agrava el cuadro. Irán había anunciado la semana pasada un principio de entendimiento con Omán para la gestión del tráfico por el corredor sur, pacto que, según Teherán, incluye el cierre de esa ruta. Washington, por su parte, sostiene que controla el paso en coordinación con socios regionales. Ambas versiones son incompatibles y ninguna de las dos partes ha ofrecido evidencia verificable de control efectivo sobre el tránsito.
Conviene mirar los incentivos. Para Teherán, cada mina colocada es una señal de que puede imponer costos a la navegación sin necesidad de un enfrentamiento militar directo; es una forma de presión asimétrica barata frente a una potencia con superioridad naval evidente. Para Washington, la respuesta —amenazar con destruir buques minadores— busca restablecer una disuasión que las imágenes de petroleros dañados ponen en entredicho.
El dato importa más que el ruido: la propuesta de rebautizar el estrecho es simbólica y no cambia el hecho de que, esta semana, murieron personas y colisionaron buques por minas en una de las arterias energéticas más transitadas del planeta. La burla iraní, por elocuente que resulte en redes sociales, no resuelve la pregunta de fondo que preocupa a navieras, aseguradoras y mercados de energía: quién garantiza, en la práctica, que un petrolero puede cruzar Ormuz sin detonar un artefacto.
La historia sugiere cautela ante escaladas que combinan gestos verbales con hechos militares verificables. Mientras Teherán y Washington discuten el nombre del estrecho, la libertad de navegación —principio que sostiene el comercio global y que ninguna potencia debería poder vetar unilateralmente— queda como la verdadera variable en juego. Los contribuyentes y consumidores de energía en todo el mundo, no los generales, terminan pagando la factura de cada mina y cada buque averiado.
