El gobierno de Taiwán propondrá elevar su gasto en defensa hasta 1,1 billones de dólares taiwaneses —unos 34.095 millones de dólares— en 2027, lo que representa un incremento interanual cercano al 16 %, según informó la agencia estatal CNA citando fuentes conocedoras del asunto.
La cifra se dará a conocer el 20 de agosto, tras una reunión de gabinete. Engloba no solo la partida del Ministerio de Defensa Nacional, sino también fondos para la Guardia Costera, los veteranos y proyectos especiales de adquisición militar. De confirmarse, el presupuesto militar volvería a superar el 3 % del PIB, aunque la cifra exacta dependerá de la proyección oficial de crecimiento económico para ese año.
El contexto inmediato es el presupuesto de 2026, que reservaba 949.500 millones de dólares taiwaneses —equivalentes al 3,32 % del PIB en el momento de la estimación— y que aún no ha recibido el visto bueno del Parlamento, de mayoría opositora.
El presidente Lai Ching-te ha fijado como objetivo alcanzar el 5 % del PIB en gasto de defensa para 2030, una trayectoria ascendente que responde a dos presiones simultáneas: la militar, procedente de Pekín, que considera Taiwán «parte inalienable» de su territorio; y la política, procedente de Washington, que insiste en que Taipéi debe asumir mayor responsabilidad en su propia seguridad.
Desde la llegada al poder de Xi Jinping en 2012, China ha impulsado una modernización profunda de sus fuerzas armadas, con nuevos portaaviones, aeronaves de combate de última generación y misiles avanzados. Para 2026, Pekín ya anunció un aumento del gasto en defensa del 7 %, hasta aproximadamente 1,91 billones de yuanes —alrededor de 283.063 millones de dólares—, un ritmo levemente inferior al de los tres años anteriores, cuando creció al 7,2 %.
La asimetría de escala es evidente: el presupuesto de defensa chino para 2026 supera en más de ocho veces la propuesta taiwanesa para 2027. Sin embargo, el dato relevante no es la brecha absoluta —estructuralmente insalvable— sino la dirección y la velocidad del ajuste de Taipéi.
Conviene mirar los incentivos. La administración Trump ha hecho de la corresponsabilidad en defensa una condición explícita de sus alianzas en el Indo-Pacífico. Taiwán, que depende de Washington como garante último de su seguridad, no tiene margen para ignorar esa señal. El salto al 16 % interanual es, en parte, una respuesta a esa presión; en parte, una apuesta de Lai Ching-te por consolidar su posición interna frente a una oposición parlamentaria que ya bloqueó el presupuesto de 2026.
El dato importa más que el ruido. Que una economía de tamaño mediano decida destinar una proporción creciente de su riqueza a la defensa propia —en lugar de externalizar ese costo— es exactamente el modelo que las democracias de mercado deberían replicar. La historia sugiere cautela sobre si el gasto se traducirá en capacidad disuasoria real, pero la dirección del movimiento es la correcta.
