El 1 de julio entró en vigor en Singapur una reforma que eleva la edad de jubilación a 64 años y extiende el derecho al reempleo hasta los 69, con la meta de alcanzar 65 y 70 antes de que termine la década. La medida no es un capricho administrativo: para 2030, una de cada cuatro personas en Singapur superará los 65 años, sobre una tasa de natalidad de 0,87 hijos por mujer.
Christopher Gee, director adjunto del Instituto de Estudios de Políticas de la Universidad Nacional de Singapur, resume la filosofía detrás de la reforma con una distinción que parece sencilla pero tiene consecuencias profundas: «La edad de jubilación no es un techo, sino un piso mínimo». En Singapur, la norma protege al trabajador de ser despedido por razón de edad; no le impide seguir laborando. En sistemas donde la jubilación opera como límite —el caso chileno que Gee cita explícitamente—, el mensaje implícito es el inverso: cumplida cierta edad, el mercado te expulsa.
El mecanismo descansa en un modelo tripartito que articula al Estado, las empresas y los sindicatos. Gee advierte que el cambio cultural en las empresas no se produce por decreto: «Si resulta más sencillo despedirlos y contratar a alguien más joven, las empresas optarán por esa vía». La respuesta de Singapur ha sido estructural: créditos salariales para empleadores que retengan a trabajadores mayores y subsidios gubernamentales para programas de reconversión de competencias, dirigidos tanto a las empresas como a los propios empleados.
Para quienes no pueden sostenerse pese a haber trabajado hasta donde sus condiciones lo permitieron, existe una red de último recurso llamada Silver Support, activada cuando las cotizaciones al CPF —el sistema de pensiones singapurense— resultan insuficientes. Gee es explícito: el Estado interviene, pero solo como respaldo de última instancia, no como sustituto del esfuerzo individual.
El paralelo con Chile es directo en la entrevista. Para 2030, una de cada cinco personas en ese país tendrá más de 65 años, con una natalidad de 0,99 según el INE. Gee señala que la diferencia crítica es la velocidad: «El descenso de la fecundidad en Chile se ha precipitado realmente en los últimos años. Esa aceleración es problemática». Singapur comenzó a preparar su transición demográfica décadas antes de que la crisis se volviera urgente; Chile, y buena parte de América Latina, llega tarde.
Gee añade un factor que suele quedar fuera del debate previsional: el precio de la vivienda. Según su análisis, el encarecimiento del acceso a la propiedad contribuye a la caída de la natalidad, lo que refuerza el círculo de envejecimiento acelerado.
Conviene mirar los incentivos. El modelo de Singapur no es un ejercicio de voluntarismo estatal: es ingeniería de incentivos aplicada con disciplina. Las empresas reciben subsidios concretos para no desechar capital humano experimentado; los trabajadores obtienen protección legal y herramientas de reconversión; el Estado evita que la dependencia en la vejez recaiga enteramente sobre las arcas públicas. El resultado es un sistema donde cada actor tiene razones propias para cooperar, no solo obligaciones impuestas.
La lección más incómoda para las economías latinoamericanas es que este tipo de reforma exige anticipación, no reacción. Cuando la pirámide demográfica ya se ha invertido, el margen para ajustar sin costos sociales severos se estrecha. El dato importa más que el ruido: una tasa de natalidad por debajo de uno no se corrige con decretos ni con retórica; se enfrenta con mercados laborales flexibles, incentivos a la permanencia productiva y redes de seguridad que no desincentiven el trabajo. Singapur lo entendió antes. Queda por ver qué capitales de la región están dispuestas a leer la evidencia.
