Sajonia-Anhalt, un estado del este de Alemania con 2.2 millones de habitantes, podría convertirse este domingo en un punto de quiebre para la política europea. Las encuestas sitúan a Alternativa para Alemania (AfD) cerca del 41% de los votos, un resultado que la acercaría a la mayoría absoluta de escaños en el parlamento estatal y le permitiría gobernar sin socios de coalición.
Si se confirma, sería la primera vez desde 1945 que un partido de ultraderecha encabeza un gobierno regional en Alemania. Los servicios de inteligencia del Estado alemán clasifican a la rama local del partido como «de derecha extremista», una etiqueta que, según reporta El Financiero, no parece haber erosionado el respaldo electoral.
El cabeza de lista de la AfD, Ulrich Siegmund, ha dicho que su objetivo es «hacer historia» y que el programa para Sajonia-Anhalt debe servir de modelo para el resto del país. El dato importa más que el ruido: la región combina desempleo por encima del promedio nacional, una edad media de 48.3 años —la más alta de Alemania— y un desequilibrio de género de 2 a 1 entre hombres y mujeres jóvenes, producto de décadas de migración interna tras la reunificación de 1990.
La inmigración, que se ha duplicado en el estado desde 2015 aunque sigue siendo proporcionalmente pequeña, es el agravio central de la plataforma de la AfD. El sistema federal alemán limita el margen de un gobierno estatal en esta materia, reservada al gobierno central, pero el partido plantea usar los cuatro votos de Sajonia-Anhalt en el Bundesrat para presionar por un cambio nacional, además de negarse a recibir su cuota de solicitantes de asilo llegados previamente a otro país europeo. El texto electoral recurre con frecuencia al término «re-emigración», utilizado también por sectores de la ultraderecha europea y con ecos en el movimiento MAGA estadounidense, para describir planes de deportación masiva.
En educación, la AfD propone volver a un modelo «tradicional», separar en clases o escuelas distintas a niños con discapacidad y a menores llegados bajo la figura del asilo, y prohibir la bandera LGBTQ en los centros escolares. Su política familiar es explícitamente natalista: atribuye la caída de la natalidad a la mayor aceptación de lo que llama «desviaciones sexuales y estilos de vida no reproductivos» frente a la familia tradicional. En el terreno cultural busca romper con la «política de memoria» de posguerra que ha marcado la educación histórica alemana desde 1945.
Sobre su relación con el nazismo, el partido evita un pronunciamiento definitivo: ni lo rechaza ni lo asume, una ambigüedad que, lejos de restarle apoyo, parece reforzar su base más combativa.
El caso de Sajonia-Anhalt ilustra un fenómeno que trasciende sus fronteras: el desgaste de los partidos tradicionales frente a electorados que sienten que la migración y el declive económico se gestionaron desde Berlín y Bruselas sin su consentimiento. La historia sugiere cautela antes de extrapolar un resultado regional al conjunto de Alemania, pero el mapa de incentivos es claro. Cuando la clase política de un país insiste en enmarcar el debate migratorio como un asunto moral cerrado, los votantes que no se sienten representados buscan alternativas, incluso extremas.
El verdadero riesgo para las instituciones alemanas no es solo un gobierno de la AfD en un estado pequeño y despoblado, sino el efecto de demostración que Siegmund busca activamente: si Sajonia-Anhalt funciona como vitrina, otros estados del este podrían seguir el mismo camino en los próximos ciclos electorales. El equilibrio del sistema federal alemán, diseñado para contener excesos desde los estados hacia el centro, enfrentará ahí su primera prueba real desde la posguerra.
