El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea (SEAE) ha introducido un matiz relevante en el relato que el Gobierno de Pedro Sánchez ha construido sobre la crisis migratoria de Ceuta. Según un portavoz comunitario citado por EFE, Rusia «ha sacado partido» de la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma, pero el organismo «no dispone de pruebas» de que Moscú provocara el episodio mediante desinformación de actores estatales extranjeros.
La distinción no es menor. El pasado 30 y 31 de julio, más de 70.000 migrantes cruzaron la frontera hacia Ceuta. Un día antes de conocerse la posición del SEAE, Sánchez había apuntado directamente a Rusia como responsable de la desinformación que rodeó el episodio y, al mismo tiempo, exculpó a Marruecos de cualquier participación en lo ocurrido.
El presidente español fue explícito: «después del 30 y 31 de julio hubo una expansión de esos bulos y esta desinformación por parte de redes sociales asociadas a Rusia e Israel» y sostuvo que «una internacional ultraderechista utiliza siempre la migración para atacar a España y a Europa y dividirla». También admitió que, hasta el momento, lo único establecido es que «se tergiversó una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio».
El propio portavoz del SEAE consultado por EFE reconoció que la migración «es un tema delicado en toda Europa» y que se ha detectado «una importante actividad de desinformación en redes sociales» que busca «aprovecharse de ella, avivar las divisiones y aumentar la desinformación». La misma fuente vinculó ese interés a las posiciones de España sobre Gaza y sobre la invasión rusa de Ucrania, sin que ello equivalga, subrayó, a una prueba de autoría de la crisis migratoria.
La respuesta rusa llegó por boca de la portavoz de Exteriores, María Zajárova, quien exigió evidencias concretas: «Cuando hay acusaciones, debe haber hechos concretos que después requieren verificación. Y solo después de esto se puede hablar sobre una acusación que, de alguna forma, pueda ser tomada en serio». Zajárova añadió que «sin hechos, sin materiales respaldados con cifras, fechas y nombres, simplemente no hay nada de qué hablar».
Israel fue más allá. El ministro de Exteriores, Gideon Saar, acusó a Sánchez de «mentir descaradamente» tras una entrevista del presidente español en la Cadena SER en la que, según Saar, volvió «a mentir, acusando sorprendentemente a Israel de difundir información falsa sobre los sucesos de Ceuta». Saar sostuvo que esa estrategia «no desviará la atención» del «vergonzoso fracaso» de Sánchez «en la gestión de los asuntos de su país».
El contraste entre la versión del Ejecutivo español y la posición matizada de Bruselas deja un vacío que ninguna de las partes ha llenado: qué explica, en términos operativos, que decenas de miles de personas cruzaran la frontera en dos días. Marruecos, señalado por buena parte de los precedentes en gestión fronteriza con España, queda formalmente al margen del relato oficial pese a que ninguna fuente citada aporta pruebas que sustenten esa exculpación.
Conviene mirar los incentivos. Atribuir una crisis migratoria de esta magnitud a la desinformación de potencias rivales —Rusia, Israel— permite al Gobierno desplazar el foco de su propia gestión fronteriza y de la relación con Rabat, sin que la Unión Europea, su principal aval en este relato, haya podido corroborar la acusación central. El dato importa más que el ruido: 70.000 personas cruzaron una frontera en 48 horas, y ese hecho sigue sin una explicación verificada, más allá de la disputa diplomática que ha generado.
La historia sugiere cautela ante gobiernos que externalizan la responsabilidad de fallos internos hacia adversarios geopolíticos convenientes. Cuando el propio organismo que debería respaldar la acusación admite no tener pruebas, la carga de la prueba —y de la rendición de cuentas ante los contribuyentes españoles y europeos que financian el control fronterizo— recae de nuevo sobre Madrid.
