La gestora rusa de la central nuclear de Zaporiyia acusó este jueves a las fuerzas ucranianas de lanzar un ataque con drones contra un almacén de combustible nuclear usado dentro de las instalaciones. Según el comunicado publicado en redes sociales, el ataque ocurrió el miércoles y se saldó «sin víctimas» y «sin daños significativos».
La entidad, que administra la planta desde que Rusia la tomó en el marco de la invasión de febrero de 2022, aseguró que «no se han registrado impactos ambientales» y que «los niveles de radiación en la central y en sus alrededores están dentro de los límites normales». Kiev no se ha pronunciado sobre el episodio.
El comunicado calificó el incidente de «acción extremadamente peligrosa e inaceptable», advirtiendo que un daño a la infraestructura de combustible nuclear gastado podría tener «consecuencias graves». Añadió que «cualquier impacto en los sistemas y estructuras que garantizan el almacenamiento seguro del combustible nuclear gastado representa una amenaza potencial para la seguridad nuclear y radiológica», y que el personal de la planta «está adoptando todas las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento seguro».
No es la primera vez que Moscú formula este tipo de denuncias. Las autoridades rusas han acusado en varias ocasiones al Ejército de Ucrania de atacar la central de Zaporiyia —la más grande de Europa— y sus alrededores, alertando sobre el riesgo de un accidente nuclear. Kiev, por su parte, atribuye históricamente este tipo de incidentes a Moscú. El Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) ha pedido evitar cualquier ataque en la zona debido a los riesgos asociados.
El patrón es conocido: ninguna de las dos partes en guerra tiene incentivos para asumir la responsabilidad de un incidente en una instalación nuclear, y ambas obtienen ventaja propagandística al señalar al adversario. La ausencia de verificación independiente inmediata —el OIEA mantiene observadores permanentes en el sitio, pero no siempre confirma en tiempo real el origen de cada disparo— deja el episodio en el terreno de la acusación mutua, sin que exista por ahora evidencia pública que dirima quién lanzó el ataque.
Lo que sí es verificable es el patrón de riesgo estructural: una planta con seis reactores, ocupada militarmente durante más de tres años, situada en primera línea de un conflicto activo, y cuyo personal opera bajo control de una potencia beligerante. Ese es el dato que debería primar sobre el ruido de las acusaciones cruzadas.
Conviene mirar los incentivos. Para Rusia, denunciar ataques ucranianos refuerza el relato de que Kiev pone en riesgo la seguridad nuclear regional y justifica el mantenimiento de tropas en torno a la planta. Para Ucrania, el silencio ante este tipo de denuncias —como el registrado en este episodio— evita alimentar un debate que Moscú puede capitalizar mediáticamente, aunque también deja sin contrastar la versión rusa.
El trasfondo de fondo es más relevante que el episodio puntual: una infraestructura energética crítica de propiedad ucraniana, hoy bajo control militar extranjero, ilustra los límites del orden internacional cuando la fuerza sustituye al derecho de propiedad y a la soberanía territorial. La historia sugiere cautela ante comunicados de partes en conflicto sin verificación independiente, pero también recuerda que la seguridad de una planta con material nuclear gastado no puede depender de la buena voluntad de ninguno de los bandos. El dato importa más que el ruido, y el dato es que Zaporiyia sigue siendo, casi cuatro años después de su ocupación, un activo estratégico administrado bajo la lógica de la guerra y no de la explotación civil normal.
