Una eventual restricción de Estados Unidos a sus exportaciones de diésel pondría a prueba la seguridad energética de México. La advertencia es concreta: Rosanety Barrios, consultora independiente en Regulación y Política Energética, calculó que las reservas solo alcanzarían para 13 días.
La vulnerabilidad no es menor. México consume alrededor de 400 mil barriles diarios de diésel, una demanda que no puede ser abastecida por la producción de las refinerías nacionales. Barrios dijo que el país depende entre 50 y 30 por ciento de su demanda de diésel de las importaciones.
La especialista añadió que México no cuenta con inventarios estratégicos de combustibles. Considerando la capacidad de almacenamiento de Pemex y la infraestructura desarrollada por privados, existirían alrededor de 13 días de demanda de diésel. Pero esa cifra tiene límites prácticos. La infraestructura y los inventarios no están distribuidos según las necesidades regionales de consumo.
El caso de la Península de Yucatán ilustra el problema. Allí el diésel también es necesario para la generación eléctrica. «Si el diésel está en Hermosillo, pues no quiere decir que vaya a estar disponible para la Península de Yucatán cuando lo requiera», apuntó Barrios.
También hay una dimensión regulatoria que México no controla. Roxana Muñoz, vicepresidente senior de calificaciones de Moody’s Ratings, recordó que Deer Park pertenece a Pemex, pero la instalación está sujeta a las leyes y regulaciones de Estados Unidos. «Es muy importante recordar que Deer Park es una empresa que está en Estados Unidos, que opera bajo la ley y regulaciones de Norteamérica», explicó.
Barrios agregó que existen conversaciones con el Gobierno de Donald Trump para buscar que una eventual prohibición a las exportaciones de diésel no afecte el comercio con México debido a la dependencia energética. Aun así, la planta ubicada en Houston no garantizaría que México pudiera recurrir automáticamente a su producción para compensar una restricción estadounidense.
Si la medida se materializa, México podría verse obligado a buscar diésel en otros países. Eso abriría un nuevo riesgo: el costo del combustible. Y si los precios suben, el golpe podría pasar a las finanzas públicas mexicanas si el Gobierno decide aumentar los estímulos fiscales para evitar gasolinazos.
Renzo Merino, vicepresidente de riesgo soberano de Moody’s Ratings, subrayó que por ahora la medida debe verse como un escenario alternativo. Falta observar si el anuncio se convierte efectivamente en una política y cómo sería implementada. Pero ya este año, recordó, el incremento de los combustibles ha tenido repercusiones sobre las cuentas fiscales por la respuesta del Gobierno frente a esos choques.
Conviene mirar los incentivos. Cuando un país depende de importaciones para un insumo básico, su margen de maniobra se reduce y el costo acaba trasladándose, tarde o temprano, al contribuyente o al consumidor. La seguridad energética no es un eslogan: es una condición para que funcione la economía real.
El dato importa más que el ruido. Si el Ejecutivo responde con más estímulos fiscales para contener precios, el alivio en la bomba puede convertirse en una factura mayor para el aparato estatal. En un país sin inventarios estratégicos, el mercado manda una señal incómoda: la fragilidad tiene precio.
