La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley Federal de Derechos, que fija las contribuciones que deben pagar personas físicas y morales por el uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Nación, así como por recibir servicios que presta el Estado, para 2027.
La minuta fue avalada sin cambios en lo particular con 339 votos a favor de Morena, PT y PVEM, 113 en contra del PRI, PAN y MC, y una abstención. Tras su aprobación, fue enviada al Senado de la República.
La ley plantea una actualización integral en los precios y tarifas de bienes y servicios federales, además de modificaciones en cobros relacionados con servicios migratorios, consulares y derechos ambientales.
Entre los ajustes, destaca un incremento promedio de 30% en las cuotas de trámites ambientales, incluidos los permisos de aprovechamiento forestal. También hay una modificación al alza en los costos de 29 servicios sanitarios para la expedición de licencias y registros, así como un aumento de 16% en las cuotas por inscripción, inspección y vigilancia a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En materia migratoria, se reestructuran de forma integral las tarifas de los servicios en aeropuertos, fronteras y emisión de documentos en el extranjero. Entre ellas figuran la matrícula consular en 41 dólares, visas en pasaportes extranjeros a 56 dólares y visa de visitante sin permiso para actividades remuneradas en 54 dólares.
También se mantuvieron congeladas, sin actualización inflacionaria, las cuotas por el uso del espectro radioeléctrico en las bandas de 600 MHz y 700 MHz, con el argumento de incentivar la conectividad y no afectar los costos al consumidor final.
Otro cambio relevante es la eliminación total del cobro de derechos de entrada en 53 museos, monumentos y zonas arqueológicas, con el objetivo de garantizar el acceso cultural gratuito a la población.
Además, desde comisiones se hicieron tres ajustes para establecer la cuota migratoria a turistas extranjeros en 1,158 pesos. Esos ingresos se repartirán en 57% para la SEDENA, 15% para el INM y 28% para la Tesorería de la Federación.
El dato importa más que el ruido: el Estado vuelve a ajustar el costo de múltiples trámites y servicios, mientras redistribuye parte de lo recaudado entre áreas del aparato público. Conviene mirar los incentivos. Cuando suben las cuotas, el golpe cae sobre quien paga por usar o gestionar servicios federales; cuando se congelan algunas tarifas, el objetivo es evitar que el costo llegue al consumidor final. La arquitectura fiscal revela prioridades.
La eliminación del cobro en museos y zonas arqueológicas apunta en otra dirección: ampliar el acceso cultural sin peaje directo. Pero el núcleo de la reforma es claro. Más allá del lenguaje técnico, se trata de una mayor intervención del Estado en precios, derechos y reasignación de recursos. En una economía con presión sobre hogares y empresas, cada ajuste debe medirse por su efecto real sobre la libre empresa, el bolsillo de los contribuyentes y la eficiencia del aparato público.