Veintidós funcionarios financieros estatales de 17 estados firmaron una carta dirigida a Moody’s, Fitch y Standard & Poor’s para pedir explicaciones sobre su uso de guías de «ESG», sigla de «Environmental, Social, and Governance». Según esos tesoreros y auditores, ese marco ha llevado a rebajas para empresas estadounidenses y a calificaciones más altas para compañías chinas.
La carta, enviada el miércoles, sostiene que las agencias podrían estar usando políticas climáticas obsoletas y estudios ambientales retractados. Los funcionarios dijeron que eso podría perjudicar las finanzas estatales si las empresas en las que han invertido miles de millones pierden dinero y reducen los fondos disponibles para carreteras, escuelas y pensiones de policías, bomberos y maestros.
Uno de los ejemplos citados en la carta es el de Standard & Poor’s. Según los funcionarios, S&P rebajó a compañías estadounidenses de petróleo y gas por riesgos ligados a ESG, pero reafirmó una calificación A+ para dos empresas estatales chinas de petróleo y gas, al considerar que eran «probablemente mejores para resistir que sus pares internacionales».
Los firmantes calificaron esa conclusión de «nonsensical by any objective standard». También argumentaron que resulta inconsistente considerar mejor posicionadas a firmas estatales chinas en materia de ESG cuando China emite más contaminación que cualquier otro país y el Partido Comunista Chino, según la carta, es un «prolific human rights abuser».
Los funcionarios sostienen además que Moody’s y S&P han seguido apoyándose en un estudio de 2024 publicado en Nature que proyectaba pérdidas económicas catastróficas por el cambio climático, pese a que fue retractado en 2025 después de críticas de otros investigadores. Según ellos, eso plantea dudas metodológicas sobre el uso de predicciones especulativas.
La carta también dice que las agencias han seguido usando otras previsiones de ESG que no se cumplieron, como la idea de que el uso de combustibles fósiles caería con rapidez. Los funcionarios reconocen que el crecimiento de las emisiones ligadas a combustibles fósiles se ha desacelerado, pero señalan que los estudios no han mostrado una caída dramática en su uso. También afirman que las previsiones sobre un endurecimiento gubernamental contra los combustibles fósiles resultaron incorrectas, y citan que la administración Trump revirtió estándares estrictos de emisiones de la era Biden.
OJ Oleka, director ejecutivo de la State Financial Officers Foundation, dijo a The Post que la carta pone a las agencias «sobre aviso» por «jugar a la política» a expensas de los estadounidenses comunes. Añadió que S&P, Moody’s y Fitch pueden ser fuentes respetadas de análisis financiero, o pueden ser activistas de una agenda ideológica desfasada, «pero no pueden ser ambas cosas».
Los funcionarios exigen respuestas sobre cómo las agencias usan la guía ESG e incorporan estudios retractados en sus evaluaciones. La cuestión de fondo es simple: una calificación crediticia debe descansar en análisis financiero objetivo, no en juicios políticamente contingentes.
Para el lector, el caso importa por algo más que la pelea entre burócratas estatales y agencias privadas. Si la calificación se contamina con criterios ideológicos, el costo no se queda en Wall Street: puede trasladarse a dinero de los contribuyentes, a la financiación de infraestructura básica y a las pensiones públicas. El mercado necesita señales claras; el aparato estatal, en cambio, paga tarde las malas señales y socializa sus errores.
También hay una disputa de soberanía económica en el fondo. Si una metodología premia a empresas estatales chinas mientras castiga a compañías estadounidenses, el problema no es solo técnico. Es un incentivo equivocado para el capital, la inversión y la libre empresa. El dato importa más que el ruido: cuando la política sustituye al análisis, el riesgo deja de ser financiero y pasa a ser institucional.
