El Congreso de Chile aprobó los aspectos centrales del proyecto de Reconstrucción Nacional, una señal necesaria para reactivar la economía y el empleo. Sin embargo, durante su tramitación se colaron dos disposiciones que nada tienen que ver con el objeto original de la ley y cuyas consecuencias, según advirtieron el Banco Central, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y numerosos expertos, serán opuestas a las prometidas.
La primera, incorporada en la Cámara de Diputados por parlamentarios de oposición, prohíbe el anatocismo, es decir, el cobro de interés sobre interés. La segunda, añadida en el Senado, establece el llamado «olvido financiero»: las entidades financieras deberán eliminar de sus registros la información de deudas impagas o extinguidas tras cinco años y no podrán usarla para condicionar el acceso a productos o cuentas.
Los patrocinantes argumentaron que una ley percibida como beneficiosa para grandes empresas y sectores acomodados debía compensarse con medidas de «equidad» directa para las personas. El razonamiento es políticamente comprensible; el análisis técnico lo desmiente. La eliminación del anatocismo encarecerá los créditos para todos los deudores y perjudicará los productos de ahorro, que dejarán de capitalizar intereses. El olvido financiero, al crear asimetría de información, llevará a las entidades a restringir créditos o elevar tasas para compensar el riesgo que ya no podrán medir con precisión.
Estas advertencias fueron formuladas durante el debate legislativo y fueron ignoradas. La excandidata presidencial del oficialismo y exministra del Trabajo, Jeannette Jara, llegó a recomendar públicamente al presidente Kast que eliminara el anatocismo para pymes y consumidores. El ministro de Hacienda anticipó que el Ejecutivo recurrirá al mecanismo del veto para el anatocismo; respecto del olvido financiero, las opciones aún se evalúan.
El Ejecutivo carga también con parte de la responsabilidad. Según la fuente, no se opuso con suficiente energía en la Cámara a la eliminación del anatocismo, apostando a que el Senado corregiría el error. No ocurrió así.
El episodio no es aislado. El mismo patrón se repitió con los tres retiros previsionales impulsados durante la pandemia mediante reformas constitucionales que sortearon la iniciativa exclusiva del Presidente. Las advertencias sobre inflación y daño a las pensiones futuras tampoco fueron atendidas; sus efectos, según la fuente, «fueron enormes». Más recientemente, mociones para eliminar contratos en UF reproducen la misma lógica: una idea con resonancia popular, consecuencias técnicas adversas, debate inexistente.
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Conviene mirar los incentivos. Un parlamentario que aprueba una medida popular antes de una elección captura el beneficio político de inmediato; el costo —tasas más altas, crédito restringido, ahorros mermados— lo pagan los ciudadanos de forma diferida y difusa, sin que nadie rinda cuentas por ello. Es la estructura perfecta para el populismo legislativo: ganancias concentradas y visibles hoy, pérdidas dispersas e invisibles mañana.
El dato importa más que el ruido. Cuando el Banco Central y la CMF coinciden en señalar que una medida perjudicará a quienes pretende ayudar, ignorarlos no es valentía política: es negligencia institucional. Chile construyó décadas de estabilidad financiera sobre la base de reglas predecibles y señales de precio confiables. Cada vez que el Congreso las erosiona en busca de aplausos, el costo recae sobre el contribuyente, el ahorrante y el deudor de menor perfil, precisamente los que la retórica de la equidad dice defender.
