El Gobierno de Perú afirmó que la flota pesquera china que recorre el Pacífico oriental se encuentra fuera de sus aguas jurisdiccionales y rechazó que las imágenes difundidas en redes sociales hayan sido tomadas dentro del área marítima peruana.
El Ministerio de la Producción sostuvo que «ninguna embarcación pesquera de bandera extranjera ha ingresado al dominio marítimo peruano para realizar actividades pesqueras», apoyándose en información satelital. Añadió que la flota extranjera identificada está a unas 266 millas náuticas de la costa, fuera del dominio marítimo peruano y en aguas internacionales.
La cartera también señaló que la coordenada consignada en el video difundido recientemente —15° 48.929' de latitud y 80° 41.849' de longitud— está a 274,15 millas náuticas de la costa peruana. Según el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Barrientos, las 200 millas del dominio marítimo peruano están bajo vigilancia permanente y, hasta hoy, una entrada de embarcaciones extranjeras para actividad pesquera «no se ha producido».
El Ministerio agregó que cualquier denuncia, reporte, fotografía o video que atribuya a una embarcación pesquera extranjera un ingreso al mar peruano debe contrastarse con su posición satelital antes de afirmar una incursión dentro de las 200 millas.
Pero junto con esa defensa oficial aparece una advertencia incómoda. Según una investigación del portal Ojo Público, la Contraloría detectó fallos en el sistema de control satelital del Ministerio de la Producción para vigilar embarcaciones extranjeras frente a las 200 millas peruanas. La autoridad de control señaló que la operatividad del Centro de Monitoreo carece de protocolos de actuación ante la detección de apagados de la señal satelital de la flota, la mayoría con bandera china.
Ese contraste es importante. Por un lado, el Estado peruano insiste en que el límite marítimo no ha sido vulnerado. Por otro, admite implícitamente que la vigilancia no puede descansar solo en declaraciones ni en videos circulando en redes sociales. Conviene mirar los incentivos: cuando hay recursos pesqueros en juego, la capacidad de control determina si la soberanía es real o meramente nominal.
La lección para Lima es clara. La defensa del dominio marítimo no se agota en fijar un límite de 200 millas; exige también un aparato estatal capaz de monitorear, verificar y reaccionar con reglas claras. Sin protocolos sólidos, la burocracia deja espacio a la duda, y la duda debilita tanto la autoridad del Estado como la previsibilidad para la libre empresa pesquera que opera dentro de la ley.
En un Pacífico cada vez más disputado, el problema no es solo dónde está una flota, sino si el país dispone de instituciones que puedan demostrarlo sin ambigüedad. La soberanía, al final, se mide en capacidad de control, no en comunicados.
