El ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, se mostró convencido este sábado de que «de aquí a finales de año tendremos un acuerdo sobre la unión del ahorro y de las inversiones», el proyecto que Bruselas impulsa para eliminar barreras entre los mercados de capitales de la Unión Europea.
Lescure, que participaba en la Universidad de Verano del Laboratorio de la República en Sens, fundamentó su confianza en un dato político concreto: «hay una presión muy fuerte del presidente de la República y del canciller alemán». Y remató con una máxima que resume décadas de integración comunitaria: «cuando Francia y Alemania están de acuerdo, normalmente» los proyectos europeos salen adelante.
La afirmación llega días después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insistiera en París en que las medidas para poner en marcha esa unión deben quedar fijadas antes de que termine 2026, incluso si no todos los socios están de acuerdo. «Lo ideal sería con los 27 Estados miembros. O, si es necesario, con aquellos que estén preparados», dijo Von der Leyen, quien calculó que la iniciativa podría desbloquear «hasta 470.000 millones de euros de inversiones adicionales».
El objetivo declarado es hacer más eficiente el mercado de capitales europeo para que el ahorro de los hogares —hoy inmovilizado en cuentas corrientes y fórmulas estáticas— se canalice hacia inversión productiva. También busca frenar una fuga que preocupa a las capitales del continente: cada año salen hacia Estados Unidos unos 300.000 millones de euros en busca de rentabilidad, según cifras citadas por Bruselas.
El dato importa más que el ruido diplomático. Que un ministro de Finanzas dé «por hecho» un acuerdo antes de negociarlo con el resto de los socios revela cómo funciona en la práctica la maquinaria comunitaria: el eje franco-alemán fija la agenda y el resto de los Estados administra los tiempos de su adhesión, voluntaria o forzada por la coyuntura.
La disposición de Von der Leyen a avanzar «con aquellos que estén preparados» si no hay unanimidad es la pieza más reveladora del episodio. Bruselas admite, sin rodeos, que la unanimidad de los 27 puede saltarse cuando el calendario político así lo exige. Para las economías más pequeñas o más reacias a cierta armonización regulatoria, la señal es clara: la soberanía sobre el propio mercado de capitales queda sujeta a la voluntad de quienes concentran el peso político real de la Unión.
Hay, sin embargo, una lógica de mercado detrás del proyecto que conviene no perder de vista. Movilizar ahorro estancado hacia inversión productiva y frenar la salida de capital hacia Wall Street son objetivos que cualquier defensor de la libre empresa puede compartir en abstracto: más capital disponible, más financiación para empresas, menos dependencia de Estados Unidos. El problema no es el fin, sino el método. Una unión de mercados de capitales impuesta desde París y Berlín, sin el consenso pleno de los 27, corre el riesgo de convertirse en otro instrumento de centralización regulatoria antes que en el mercado único y competitivo que en teoría persigue.
La historia sugiere cautela: los grandes proyectos de integración europea rara vez cumplen sus plazos ni sus cifras iniciales. La cifra de 470.000 millones de euros es una proyección de la Comisión, no una garantía. Lo que sí es verificable, desde ya, es la presión política que Francia y Alemania ejercen para que Bruselas actúe con o sin consenso, un patrón que los mercados y los gobiernos más pequeños del continente deberían seguir de cerca en los próximos meses.
