Ya no es posible ignorar la presencia de panameños en la guerra entre Rusia y Ucrania. Las circunstancias que los llevaron hasta ese conflicto son diversas: según información disponible, algunos habrían sido engañados con falsas ofertas de empleo, mientras que otros viajaron voluntariamente atraídos por una remuneración más alta. Detrás de cada caso confluyen realidades distintas, pero el denominador común es que el Estado panameño llegó tarde.
Las denuncias acumuladas incluyen reclutamiento irregular, posibles desapariciones y familias que buscan respuestas sin obtenerlas. La Cancillería habilitó líneas telefónicas como primera medida, pero esa respuesta es, por definición, reactiva. Un Estado que funciona no espera a que sus ciudadanos estén en zona de guerra para activar protocolos.
Lo que hace más llamativo el contraste es que el propio aparato diplomático panameño ha demostrado capacidad de intervenir con rapidez en situaciones de menor gravedad. Si existe esa capacidad institucional, la pregunta obligada es por qué no se desplegó antes, cuando las primeras señales de reclutamiento ya circulaban.
El caso expone dos vulnerabilidades que merecen atención separada. La primera es estructural: las redes que operan este tipo de reclutamiento —sea mediante engaño o mediante incentivos económicos— explotan vacíos de información y de supervisión. Investigar cómo funcionan esas redes y fortalecer la cooperación internacional no es un ejercicio diplomático menor; es protección concreta de ciudadanos. La segunda vulnerabilidad es económica: cuando una remuneración de zona de conflicto resulta atractiva para un panameño, algo en las condiciones del mercado laboral local no está funcionando como debería. El libre mercado genera oportunidades, pero requiere instituciones que operen y que informen.
Panamá tiene intereses geopolíticos que lo obligan a mantener una postura cuidadosa frente al conflicto en Europa del Este. El presidente Mulino ha apostado por la estabilidad jurídica y la proyección del Canal como ejes de la política exterior. Esa apuesta tiene sentido: un país cuya prosperidad depende del comercio internacional no puede darse el lujo de aparecer como actor errático en conflictos ajenos. Pero precisamente por eso, la presencia de nacionales en ese teatro de operaciones —bajo cualquier bandera— representa un riesgo reputacional y diplomático que el gobierno no puede subestimar.
Conviene mirar los incentivos. Si el Estado no actúa con contundencia ahora —investigando redes, coordinando con contrapartes internacionales y previniendo nuevos casos— el costo futuro, en vidas, en reclamaciones consulares y en credibilidad institucional, será considerablemente mayor que el de intervenir hoy.
El dato importa más que el ruido: no se trata de cuántos panameños están en Ucrania, cifra que las fuentes disponibles no precisan, sino de que el mecanismo que los llevó allí sigue operando. Mientras eso no se interrumpa, la habilitación de una línea telefónica es, en el mejor de los casos, un parche.
