La geopolítica del Canal de Panamá no admite ingenuidades. Washington quiere limitar la influencia estratégica china en torno a la vía interoceánica; Pekín quiere proteger y ampliar sus intereses comerciales y políticos en la región. Ambas potencias actúan conforme a sus propios intereses nacionales, lo cual es perfectamente comprensible. El problema, según el análisis publicado en La Prensa, comienza cuando Panamá confunde los intereses de cualquiera de ellas con los suyos.
La tesis es incómoda pero precisa: los países no tienen amigos permanentes, sino intereses que pueden coincidir durante décadas y divergir al día siguiente. Panamá posee una debilidad militar evidente, pero también un activo de primer orden: el mundo entero —Estados Unidos, China, Europa, América Latina— necesita que el Canal sea seguro, eficiente, neutral y predecible. Ese interés compartido debería ser la principal herramienta diplomática del país.
Utilizarla, sin embargo, exige algo más sofisticado que el péndulo que ha caracterizado la política exterior panameña reciente. Una administración se acerca a China; la siguiente intenta demostrar cercanía con Washington. Una firma acuerdos; la siguiente los revisa. Cada gobierno parece comenzar desde cero. El resultado es una credibilidad erosionada que obliga a negociar permanentemente desde la urgencia, no desde la posición.
La estrategia exige continuidad. También exige cálculo frío: si Panamá adopta una decisión que perjudica intereses chinos, debe anticipar racionalmente la respuesta de Pekín. Si adopta una decisión que Washington considera incompatible con sus intereses de seguridad, debe hacer exactamente el mismo ejercicio. La soberanía no consiste en molestar a una potencia para demostrar independencia, ni en ceder a sus demandas para evitar fricciones. Consiste en construir soluciones en las que al adversario también le resulte preferible aceptar el resultado.
El argumento apunta a una paradoja clásica del poder: la capacidad de hacer que otros prefieran la estabilidad de un país puede ser más valiosa que cualquier capacidad coercitiva. Convertirse en un Estado tan institucionalmente confiable que alterar su equilibrio resulte inconveniente para todos es, en la práctica, la mejor defensa disponible para una nación pequeña sin músculo militar.
La posición geográfica de Panamá garantiza que las grandes potencias seguirán interesadas en el país mucho después de que hayan desaparecido los gobiernos actuales. Eso es una ventaja estructural, no una condena.
---
Conviene mirar los incentivos. La administración Mulino hereda una coyuntura en la que tanto la presión de Washington —agudizada por el debate sobre la influencia de operadores portuarios vinculados a capitales chinos— como los intereses comerciales de Pekín convergen sobre el mismo punto geográfico. En ese contexto, la continuidad institucional y la previsibilidad jurídica no son virtudes abstractas: son el único activo negociable que Panamá puede ofrecer a ambos bloques sin hipotecar su margen de maniobra ante ninguno.
El libre mercado y la estabilidad jurídica que hacen del Canal un nodo logístico global dependen, en última instancia, de que el Estado panameño sea percibido como un árbitro confiable, no como un territorio en disputa. La historia sugiere cautela: los países pequeños que renuncian a construir una estrategia propia terminan siendo el terreno donde otros dirimen sus diferencias. La pregunta que deja abierta el análisis —¿será Panamá territorio de disputa, ficha de intercambio o jugador?— no es retórica. Es el examen que la coyuntura le plantea al gobierno hoy.
