«Que se olviden, aquí no volverá a haber elecciones. Jamás, jamás, jamás.» Con esas palabras, pronunciadas esta semana, el presidente nicaragüense Daniel Ortega cerró formalmente el último resquicio de ficción democrática en un régimen que lleva 19 años consecutivos en el poder. La declaración no sorprende a nadie que haya seguido la trayectoria del gobierno de Managua, pero su momento importa: llega justo cuando Washington ha replanteado su doctrina hacia América Latina y cuando la captura de Nicolás Maduro ha instalado en el debate regional la pregunta sobre quién sigue.
Nicaragua no tiene petróleo como Venezuela ni el peso simbólico de Cuba. Eso complica el cálculo de intervención directa. Sin embargo, según analistas de la Conferencia de Seguridad Hemisférica citados en la columna de Raquel López-Portillo Maltos publicada en El Financiero, Nicaragua ha funcionado durante años como un centro de actividad rusa con valor estratégico para Moscú. El Atlantic Council, también citado en la misma fuente, estima que Rusia provee el 90% del armamento nicaragüense. A eso se suma la presencia china: financiamiento e infraestructura como parte de la estrategia de influencia de Beijing en la región, un patrón que se repite en Sudamérica y África.
El elemento que podría inclinar la balanza hacia el interés de la administración Trump es el Canal de Nicaragua, un megaproyecto valorado en más de 50,000 millones de dólares concebido para competir con el Canal de Panamá. El contrato original fue cancelado por la empresa china que lo sostenía, pero Ortega ha reabierto la licitación a nuevos consorcios. Dado el renovado interés de Trump por el Canal de Panamá desde el inicio de su segundo mandato, cualquier acción orientada a desestabilizar al régimen de Ortega no estaría exenta de réditos comerciales, aunque su naturaleza difiera del modelo extractivo que ha impulsado en otras latitudes.
Bajo la denominada Doctrina Donroe, América Latina ha vuelto a ser prioridad explícita de Washington. Marco Rubio ha convertido ese giro en una causa tan política como personal. Nicaragua sería el tercer y último pilar de la tríada dictatorial a resolver —después de Venezuela y Cuba— y los argumentos para plantear una acción concreta se acumulan. Con todo, la misma fuente advierte que un escenario como el venezolano parece cada vez menos probable para Managua y La Habana: la tendencia apunta a salidas negociadas que maximicen los beneficios para Estados Unidos aprovechando las propias estructuras institucionales de esos regímenes.
La reconfiguración tiene un costo colateral directo para México. La diplomacia de la llamada Cuarta Transformación ha operado bajo el principio de no intervención y autodeterminación para evitar nombrar como dictaduras a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Conforme avanza la estrategia estadounidense, ese mapa de aliados ideológicos se estrecha. Lo que ocurra en Managua será también una prueba de coherencia para la política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Conviene mirar los incentivos. Para Washington, Nicaragua representa la confluencia de tres vectores que esta administración toma en serio: presencia de potencias rivales en el hemisferio, infraestructura estratégica con financiamiento chino y el cierre definitivo de la tríada autoritaria. Para el gobierno mexicano, en cambio, el cálculo es inverso: cada paso de Estados Unidos en la región obliga a elegir entre la retórica de la no intervención y el costo real de sostenerla frente a un aliado comercial del que depende de manera estructural. Llamar no intervención a una forma de complicidad tiene un precio que, tarde o temprano, alguien presenta la cuenta.
