El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) lanzó este domingo una nueva oleada de ataques contra zonas residenciales y mercados en el centro-sur de Sudán, con un saldo de al menos ocho muertos y más de 3.000 desplazados, según denunció la Red de Médicos de Sudán.
La ONG detalló que combatientes de las FAR ejecutaron a quemarropa a cinco jóvenes durante una incursión armada contra dos localidades del estado de Kordofán del Norte, escenario de intensos combates entre los paramilitares y el Ejército sudanés. En el mismo operativo, los atacantes saquearon viviendas, ganado y cosechas, lo que provocó el desplazamiento forzado de la población civil.
Parte de los desplazados —mujeres, niños y ancianos entre ellos— llegaron en las últimas horas a la zona occidental de Omdurmán, ciudad colindante con Jartum, en condiciones humanitarias que la Red calificó de «extremadamente precarias».
El episodio se suma a otro ataque denunciado horas antes por la misma organización: un bombardeo con dron contra el mercado central de la ciudad de Dilling, en Kordofán del Sur, que dejó al menos tres muertos y varios heridos. Según el colectivo médico, el ataque aéreo alcanzó también camiones que transportaban bienes de consumo y suministros alimentarios destinados al abastecimiento local.
La Red de Médicos de Sudán calificó ambos ataques de «violaciones del derecho internacional humanitario» y advirtió que merman de forma crítica el acceso a bienes esenciales en un país ya sumido en una grave crisis. La organización pidió a la comunidad internacional ejercer una «presión real» sobre la cúpula de las FAR para que cesen los ataques contra la población, se protejan las infraestructuras civiles y se garantice la entrada sin trabas de ayuda humanitaria.
Naciones Unidas y diversas organizaciones de derechos humanos han documentado de forma reiterada graves atrocidades y posibles crímenes de lesa humanidad en Kordofán y en la vecina región de Darfur, bastión de los paramilitares, señalando tanto a las FAR como a facciones aliadas —entre ellas el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N)— por abusos que incluyen denuncias de «limpieza étnica».
La guerra estalló en abril de 2023 por la disputa de poder entre el Ejército y las FAR. Desde entonces, el conflicto se ha cobrado la vida de decenas de miles de personas y ha obligado a unos 14 millones de sudaneses a abandonar sus hogares, la mayor crisis de desplazamiento del planeta según la ONU.
Conviene mirar los incentivos detrás de esta guerra. Donde el Estado pierde el monopolio legítimo de la fuerza, los mercados de un pueblo y el ganado de una familia se convierten en botín disponible para quien porte un fusil. El saqueo sistemático de cosechas y camiones de alimentos no es un daño colateral: es una estrategia deliberada que erosiona cualquier base de propiedad privada y de intercambio pacífico sobre la que pueda reconstruirse una economía.
La apelación de la Red de Médicos a una «presión real» de la comunidad internacional expone también los límites de un orden global que documenta atrocidades con reiteración pero rara vez impone costos verificables a quienes las cometen. Mientras no exista una autoridad capaz de garantizar derechos de propiedad y seguridad básica, Sudán seguirá siendo el ejemplo más crudo de lo que ocurre cuando las instituciones colapsan: no hay vacío de poder, sino sustitución del Estado por el pillaje organizado. El dato importa más que el ruido diplomático, y el dato es que la ayuda humanitaria sigue sin llegar sin trabas.
