Hace dos años, el Bharatiya Janata Party (BJP) de Narendra Modi esperaba una supermayoría en las urnas. Los votantes le arrebataron incluso la mayoría simple y lo obligaron a gobernar en coalición. El partido se recuperó pronto, arrasando en la mayoría de las elecciones estatales posteriores. Ahora el ciclo amenaza con repetirse: el tópico de la «pérdida del aura de invencibilidad» vuelve a estar de moda, y esta vez los hechos le dan más sustento.
El detonante fue la dimisión de Dharmendra Pradhan, ministro de Educación, el 25 de julio, tras protestas estudiantiles en Delhi y otras ciudades. El examen nacional de ingreso a la facultad de medicina se vio comprometido este mayo por segunda vez en tres años. En la mayoría de las democracias, la salida de un ministro por incompetencia manifiesta resulta embarazosa pero no excepcional. Para un gobierno que se ha distinguido por no ceder jamás a la presión pública en doce años de poder, es extraordinario.
La respuesta de Modi siguió el manual habitual: trasladó al alto funcionario del departamento de educación superior, destituyó a 47 funcionarios del organismo nacional de evaluación, presentó un proyecto de ley con castigos más severos para quienes filtren información y anunció un grupo de trabajo de alto nivel para reformar el sistema de evaluación. El problema es que los detalles contradicen la narrativa de urgencia. Ese «grupo de alto nivel» es continuación de un «comité de alto nivel» creado en 2024 tras las filtraciones del mismo examen. El proyecto de ley es, según las fuentes disponibles, una versión encubierta de una ley ya existente de 2024. Y el Ministerio de Educación ha recaído sobre un funcionario que ya es responsable de energías renovables, asuntos del consumidor, alimentación y distribución pública.
La carta de renuncia del propio Pradhan ofreció una ventana al estado de ánimo del partido: se presentó como víctima de «fuerzas antinacionales», y dos días después sus aliados le tributaron una bienvenida de héroe en el parlamento. «No pasó nada», declaró el exministro. Esa frase condensa la dificultad estructural del BJP ante una crisis de gestión pública: el instinto del partido es no disculparse ni dar explicaciones, lo que convierte cada escándalo administrativo en un enfrentamiento político antes que en un problema a resolver.
Donde el gobierno sí mostró reflejos rápidos fue en el control de la información. Bloqueó inicialmente la cuenta en X del movimiento de protesta en mayo, restringió el acceso a internet móvil en los alrededores de la zona de manifestaciones en el centro de Delhi durante varios días, bloqueó una aplicación de mensajería entre pares y ordenó a las redes sociales que eliminaran publicaciones críticas de Modi. Un comité parlamentario convocó una reunión con las principales plataformas para debatir, entre otros asuntos, cómo garantizar el «orden público».
El giro más revelador llegó el 23 de julio, cuando Modi publicó su primer reel en Instagram —la red donde el movimiento de protesta cobró impulso— y sus medios afines proclamaron un «nuevo récord mundial de visualizaciones en 24 horas». El partido presentó además a una diputada de 42 años para que empleara ante el parlamento el «lenguaje de la Generación Z» y dijera que Modi «había detectado» el problema.
Conviene mirar los incentivos. Un gobierno que responde a una crisis educativa con restricciones de internet y optimización de redes sociales revela dónde concentra sus recursos: en el manejo de la percepción, no en el rediseño institucional. La libertad de expresión y la competencia administrativa no son variables secundarias del desarrollo; son las condiciones que determinan si una economía de 1.400 millones de personas puede asignar talento de forma eficiente. El dato importa más que el ruido: cuando el examen de acceso a la medicina se filtra dos veces en tres años y la respuesta es un comité que sustituye a otro comité, el problema no es de comunicación. Es de incentivos dentro del aparato estatal. La historia sugiere cautela ante el triunfalismo de los críticos de Modi, que ya se equivocaron en 2024. Pero también ante un gobierno que confunde el cultivo de aura con la reforma de fondo.
