El 2 de agosto entró en vigor el Artículo 50 de la Ley de IA de la Unión Europea. La norma obliga a marcar de forma legible por máquina todo contenido sintético que pueda confundirse con material real. Anthropic, OpenAI y otras empresas anunciaron que aplicarán esa marca de agua de forma global. La razón es económica: estandarizar sale más barato que mantener dos versiones del producto.
Estados Unidos no tiene equivalente federal. Existe un compromiso voluntario de 2023 sin fuerza de ley. El mosaico estatal lo encabeza California, cuya Ley de Transparencia en IA —SB 942— también entró en vigor el 2 de agosto. Obliga a los proveedores grandes a ofrecer detección gratuita y marcas de agua latentes. Lo más cercano a una ley federal, la No Fakes Act, avanzó en el Senado en junio. Pero protege la voz y la imagen de alguien ya suplantado. No exige que el contenido nazca etiquetado. Es reparación después del daño, no prevención antes de que ocurra.
México está más atrás que ambos. No tiene ley de IA ni de marcas de agua. Acumula desde 2021 al menos cinco iniciativas que compiten entre sí sin convertirse en marco: una Ley Federal para el Desarrollo Ético, Soberano e Inclusivo de la IA de Morena y el PVEM; una iniciativa ética del PAN; reformas sueltas al Código Penal y a la Ley Federal del Derecho de Autor; y una Ley Nacional para Regular el Uso de la Inteligencia Artificial presentada en febrero por la senadora morenista Karina Isabel Ruíz, hoy detenida en comisiones. En junio, la diputada de Morena Gabriela Jiménez Godoy propuso que fotos y videos hechos con IA lleven marca obligatoria. La propuesta llegó después de que la presidenta Sheinbaum llamara a abrir el debate. Sigue sin dictamen.
El problema no es solo la fragmentación. Es el contenido de fondo. Según analistas y organizaciones civiles citados en la fuente, la Ley Nacional de la senadora Ruíz sanciona contenidos bajo criterios amplios y poco definidos. El riesgo señalado: convertir al Estado en árbitro de qué es verdad y qué no. Un análisis de Infobae advirtió que el peligro no es necesariamente la censura directa, sino usar el aparato regulatorio como mecanismo de presión, desgaste o intimidación contra medios y voces críticas. La misma lógica, documentada por organizaciones como R3D, opera en la llamada Ley Serrano, hoy bajo revisión de la Suprema Corte por una acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH.
La fuente identifica una separación que México no ha hecho por diseño. La marca de agua es una herramienta técnica. Debería ser tan neutral como un código de barras. La facultad de decidir qué información circula es una atribución política. Cuando el mismo órgano certifica la autenticidad de un video y también puede sancionar contenido «engañoso» con criterios ambiguos, la marca de agua deja de proteger al usuario. Empieza a proteger al gobierno en turno.
Conviene mirar los incentivos. Europa apostó por un estándar técnico abierto —C2PA— que las propias empresas ya adoptaron. México podría adherirse a ese estándar en lugar de inventar un formato propio que nadie más respetaría. Podría también blindar cualquier autoridad de supervisión con independencia real del Ejecutivo. Y tendría razones prácticas para priorizar el etiquetado de contenido político-electoral antes de las elecciones intermedias de 2027, que es donde el riesgo de un deepfake bien cronometrado pesa más.
El dato importa más que el ruido. La pregunta para Washington es si legislará el etiquetado antes o después de que el resto del mundo fije el estándar. La pregunta para México es más urgente y más política: si legislará la marca de agua como herramienta de transparencia para el ciudadano, o como una palanca más para que el aparato estatal decida qué se puede decir y qué no. La historia reciente de este gobierno —Ley Serrano, iniciativas con criterios ambiguos, organismos que reportan al Ejecutivo— sugiere cautela ante cualquier regulación que mezcle estándar técnico con facultad sancionadora de contenidos. La libre empresa y la prensa independiente no necesitan un ministerio de la verdad disfrazado de política de IA.
