Gen Nakatani, diputado de la Cámara de Representantes de Japón y copresidente fundador de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC), advirtió en el Ketagalan Forum de Taiwán que la reciente Ley de Unidad Étnica de China establece jurisdicción criminal extraterritorial sobre expresiones emitidas en cualquier país del mundo.
El legislador —que ejerció como ministro de Defensa de Japón— identificó el artículo 63 de esa norma como el mecanismo legal concreto. «El gobierno chino afirma jurisdicción penal sobre lo que se dice en Tokio, lo que se dice en Taiwán y lo que se dice en esta sala», citó Nakatani ante los asistentes al foro.
El telón de fondo inmediato es el ataque sufrido por el periodista japonés Akio Yaita en Taipéi tras impartir una conferencia. Nakatani fue explícito sobre los límites de lo que puede afirmar: «La investigación continúa y no afirmaré nada como definitivo. Diré únicamente esto: la Ley de Unidad Étnica entró en vigor cinco días antes». La cronología, subrayó, no es un detalle menor.
Para ilustrar el vacío institucional que enfrenta Japón ante este tipo de amenaza, el diputado recurrió a una analogía de defensa aérea: «Cuando se viola nuestro espacio aéreo, el radar lo detecta y nuestros cazas despegan de inmediato. Pero cuando un ciudadano en nuestro propio suelo ya no puede hablar, por temor a una potencia extranjera, en ningún lado suena una alarma».
Nakatani detalló casos que llegaron a su conocimiento como legislador. Personas provenientes de Xinjiang, Tíbet y Hong Kong reciben presiones a través de familiares que permanecen en China y fueron fotografiadas al asistir a reuniones en Japón. También refirió el caso de un hombre de 60 años condenado a tres años y medio de prisión por el gobierno chino: «Hasta hoy, ni él, ni su familia, ni su gobierno han sido informados de cuál se supone que fue su delito».
El copresidente de IPAC rechazó la lectura que trata estos episodios como hechos inconexos. «La interferencia extranjera, la coerción económica, los ciberataques: no son eventos sin relación entre sí. Deben entenderse como un único curso de acción organizado que descansa en una estrategia integral», sostuvo. Frente a ello, reclamó una respuesta que combine intercambio de inteligencia, exposición diplomática, contramedidas económicas y redes transfronterizas de protección.
Nakatani valoró el papel de Taiwán en este escenario: «Taiwán, aunque el más expuesto a esta amenaza, forma parte de la comunidad internacional con la voluntad más resuelta y la mayor capacidad». Subrayó que Japón seguirá junto a Taiwán en los próximos años. Recordó además que en la cumbre de IPAC celebrada en Taipéi hace dos años la represión transnacional ya figuraba en la agenda, y que desde entonces la alianza logró llevar ese tema desde los márgenes del trabajo en derechos humanos al centro del debate sobre seguridad nacional.
El dato importa más que el ruido. Lo que Nakatani plantea no es una disputa diplomática ordinaria: es la pregunta de si las democracias liberales disponen de arquitectura institucional para responder cuando un Estado autoritario extiende su código penal más allá de sus fronteras. La Ley de Unidad Étnica, al reclamar jurisdicción sobre expresiones emitidas en suelo extranjero, no es una curiosidad jurídica; es un instrumento de coerción que opera precisamente donde las alarmas de seguridad nacional no están calibradas. Conviene mirar los incentivos: mientras las democracias traten cada incidente como un caso aislado de orden público, Beijing puede escalar sin coste sistémico. La respuesta integrada que reclama Nakatani —inteligencia, diplomacia, economía— es exactamente la lógica con la que las alianzas de libre mercado y valores compartidos tienen ventaja comparativa frente a un aparato estatal centralizado.
