El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, utilizó el décimo aniversario del Foro Ketagalan —encuentro sobre seguridad del Indo-Pacífico organizado por su gobierno en Taipéi— para lanzar un llamado colectivo a la comunidad internacional: resistir la expansión autoritaria del régimen chino y defender la democracia global.
El eje del discurso fue la condena a la Ley para la Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos, promulgada el mes pasado por Beijing. Según Lai, la norma «vulnera la soberanía de Taiwán y persigue a religiones y grupos minoritarios», pero su alcance va más lejos: «mediante formas de represión transnacional, impone la censura política en todas partes del mundo, generando un efecto amedrentador».
El punto más sensible para Taipéi es el artículo 63 de esa ley, que establece que organizaciones e individuos fuera de China que «cometan actos que socaven la unidad y el progreso étnicos o promuevan el separatismo étnico serán considerados responsables conforme a la ley». Académicos taiwaneses advierten que esto podría exponer a ciudadanos de la isla a riesgos políticos y legales, en especial a quienes viajan con frecuencia al continente o mantienen allí empleos, inversiones o vínculos familiares.
El Grupo Interparlamentario para China (IPAC) emitió una declaración en la que calificó la legislación como «una flagrante violación de los derechos fundamentales básicos». Entre los asistentes al foro figuraron el primer ministro de Esuatini, Russell Dlamini; el presidente emérito del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Michael McCaul; la ex primera ministra de Finlandia, Sanna Marin; la ex viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland; y el copresidente del IPAC de Japón, Nakatani Nariaki.
Lai articuló su respuesta en torno a tres compromisos. El primero: defender la democracia y la libertad. Recordó que hace 30 años los ciudadanos taiwaneses participaron en la primera elección presidencial directa del país pese a las amenazas militares de China, y advirtió que su gobierno «no aceptará la infiltración del Frente Unido ni el terror rojo». El segundo: mantener la paz y la estabilidad regional. Citó la declaración del G7 y un informe del Parlamento Europeo que reafirmaron su apoyo a la paz en el Estrecho de Taiwán y su oposición a cualquier intento unilateral de modificar el statu quo. El tercero: liderar el desarrollo tecnológico. Lai identificó la fotónica de silicio, la computación cuántica y la robótica como áreas prioritarias, y subrayó que Taiwán aprovechará su experiencia en inteligencia artificial, semiconductores y tecnologías de la información para construir cadenas de suministro con socios democráticos.
El contexto militar añade urgencia al mensaje. Las Fuerzas Armadas taiwanesas iniciaron este miércoles la fase de fuego real de sus maniobras anuales Han Kuang, diseñadas para evaluar el estado de preparación frente a una eventual agresión de Beijing. China considera a la isla —gobernada de forma autónoma desde 1949— una «parte inalienable» de su territorio y no descarta el uso de la fuerza.
Conviene mirar los incentivos. Una ley que pretende extender la jurisdicción penal china más allá de sus fronteras no es un asunto interno: es un instrumento de coerción transnacional que afecta directamente a empresas, académicos y ciudadanos de terceros países con vínculos en el continente. El dato importa más que el ruido diplomático: Beijing no solo presiona a Taiwán; presiona al sistema abierto que hace posible el comercio, la inversión y la libre circulación de personas. La respuesta coordinada que reclama Lai —y que respaldan el G7 y el Parlamento Europeo según las fuentes— es, en ese sentido, una defensa del orden internacional sobre el que descansa la prosperidad de las democracias de mercado.
