El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, convocó el domingo a los militantes del Partido Democrático Progresista (PDP) a oponerse al «terror rojo» de Pekín y a impedir que el «Taiwán democrático» se convierta en el «Taiwán de China». Lo hizo en la convención anual del partido, según recogió el diario local China Times.
El detonante inmediato es la Ley para la Promoción de la Unidad y el Progreso Étnicos, que entró en vigor en China el 1 de julio. Pekín la presenta como un instrumento para reforzar la cohesión nacional y el desarrollo de regiones con minorías. Taipéi la lee de otra manera.
El artículo 63 de esa norma establece que «las organizaciones y los individuos fuera de China que cometan actos que socaven la unidad y el progreso étnicos o promuevan el separatismo étnico serán considerados responsables conforme a la ley». Académicos taiwaneses advierten que esa redacción expone a ciudadanos de la isla a riesgos políticos y legales, en particular a quienes viajan con frecuencia al continente o mantienen allí empleos, inversiones o vínculos familiares.
Lai fue preciso en su diagnóstico: la norma evidencia que la «guerra jurídica» de China contra Taiwán ha evolucionado. La Ley Antisecesión de 2005 apuntaba al «rechazo a la independencia»; la nueva legislación apunta a la «unificación forzosa revestida con el ropaje de la unidad étnica». En sus palabras, la ley «pretende incluir a Taiwán en el ámbito de la labor étnica, ampliar la persecución judicial y forzar a la ciudadanía a la autocensura, vulnerando la soberanía de Taiwán y la dignidad nacional», además de ejercer «de forma abusiva una represión transfronteriza».
En respuesta, el Gobierno taiwanés anunció que establecerá «sin falta» un sistema con mecanismos de prevención, contramedidas y protección para «garantizar la seguridad de toda la población».
Lai, a quien las autoridades de Pekín califican de «independentista» y «alborotador», reiteró que Taiwán «ya es un país soberano e independiente», cuyo nombre constitucional es República de China, y que esta y la República Popular China «no están subordinadas entre sí». Subrayó que los 23 millones de habitantes de la isla son quienes deben decidir su futuro, «sin distinción de grupo étnico ni de quién llegó antes o después».
Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949, cuenta con fuerzas armadas propias y un sistema político, económico y social diferente al del continente. Pekín, por su parte, considera la isla una «parte inalienable» de su territorio y ha intensificado en los últimos años su campaña de presión para consumar la «reunificación nacional», objetivo central del presidente Xi Jinping.
Conviene mirar los incentivos. La nueva ley china no necesita aplicarse masivamente para surtir efecto: basta con que empresarios, académicos o periodistas taiwaneses con intereses en el continente comiencen a autocensurarse por precaución. Ese es el mecanismo real de la coerción jurídica extraterritorial, más silencioso que un ejercicio militar y más difícil de contrarrestar con portaaviones. La respuesta de Lai —construir un sistema de protección interno— apunta en la dirección correcta, pero el éxito dependerá de que las democracias aliadas reconozcan el patrón: la expansión de jurisdicción de Pekín no se detiene en Taiwán.
