En julio de 2012, la Agencia Estatal China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites (CLTC) firmó un convenio con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de Argentina. Cinco meses después, el gobierno de Neuquén suscribió un segundo acuerdo con los mismos organismos. El resultado fue la instalación de una estación aeroespacial en Bajada del Agrio, en pleno desierto neuquino: la primera base de ese tipo que China levantó fuera de su territorio.
El predio ocupa 200 hectáreas cedidas por 50 años. En él se alza una antena de 35 metros de diámetro, capaz de explorar distancias superiores a los 300.000 kilómetros desde la Tierra. Desde el principio surgieron sospechas sobre usos militares: según especialistas, la instalación podría servir para rastrear y eventualmente inutilizar satélites, interceptar comunicaciones sensibles y operar como herramienta estratégica en un hipotético conflicto en el firmamento austral.
Las alarmas no son solo locales. En 2024, el entonces embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley, expresó sorpresa —según consigna La Nación— ante el hecho de que las fuerzas armadas chinas operaran en Neuquén «en secreto, haciendo quién sabe qué». El dato importa más que el ruido: cuando un aliado estratégico manifiesta en público su preocupación, el costo diplomático de la inacción se vuelve mensurable.
El contraste con las decisiones recientes del gobierno de Javier Milei es significativo. La administración actual incorporó aviones F-16 provenientes de Dinamarca, con aval de Washington, descartando los cazabombarderos JF-17 Thunder de origen chino que se negociaban durante la gestión de Alberto Fernández. Asimismo, el año pasado el gobierno dispuso que el Ministerio de Defensa intervenga en la aprobación previa de cualquier proyecto de instalación de radares, estaciones terrestres y observatorios aeroespaciales en territorio nacional. Esa medida contribuyó a frenar obras como un radiotelescopio chino-argentino en San Juan.
Son señales geopolíticas de reorientación clara. Pero la base neuquina sigue operando bajo control chino, y la coherencia exige que el mismo gobierno que rechazó los JF-17 y frenó el radiotelescopio enfrente ahora la pregunta que la instalación de Bajada del Agrio lleva más de una década sin responder con precisión: ¿qué hace exactamente China allí?
Por eso resulta paradójico —como señala el editorial de La Nación— que desde el kirchnerismo se cuestione hoy el proyecto oficialista de ley de tierras y la ampliación del cupo sujeto a extranjerización, cuando fue precisamente ese espacio político el que cedió 200 hectáreas por medio siglo a las fuerzas armadas de una potencia con agenda propia en la región.
Conviene mirar los incentivos. China es hoy el principal socio comercial de más de 140 países y el mayor exportador de bienes del planeta. Que procure acceso a materias primas en América del Sur es comprensible dentro de la lógica de cualquier potencia. Lo que no es negociable es que ese vínculo comercial sirva de cobertura para infraestructura de uso militar en suelo soberano.
Argentina enfrenta aquí un dilema real: el intercambio con Beijing genera divisas que el país necesita, pero el firmamento austral —como recuerdan los especialistas en defensa— es hoy un activo geopolítico de primera línea. América Latina puede convertirse en campo de batalla de la disputa entre Washington y Beijing, y ningún gobierno responsable debería llegar a ese escenario con una base de uso opaco instalada en su propio territorio. La historia sugiere cautela: los acuerdos firmados en tiempos de bonanza ideológica suelen cobrar su precio cuando cambia el contexto estratégico.
