En seis meses, José Antonio Kast pasó de capitalizar una expectativa de cambio muy alta a enfrentar un deterioro visible de ese respaldo. La última encuesta Criteria lo dejó con 30% de aprobación y 58% de desaprobación, su peor registro desde que asumió.
Ese desgaste convive con un dato económico difícil de ignorar: la desocupación llegó a 9,5% en el trimestre mayo-julio, la cifra más alta desde junio de 2021. En el comité político ampliado del lunes, UDI, RN y Evópoli hicieron ver que el deterioro del mercado laboral requería respuestas más rápidas y plantearon acelerar iniciativas de corto plazo, entre ellas reflotar un nuevo subsidio al empleo.
La Moneda no parece sorprenderse del todo. En Palacio reconocen que una parte del respaldo excepcional obtenido en la segunda vuelta podía erosionarse, sobre todo entre los votantes menos alineados con el núcleo duro de la derecha. Ese segmento, dicen internamente, responde con más fuerza a la situación económica y al empleo que a la disciplina política.
El problema es que la economía no espera a los calendarios de gobierno. Kast llegó al poder con 58% de los votos y más de 7,2 millones de sufragios, en una campaña que prometía un «gobierno de emergencia» centrado en seguridad y crecimiento. Seis meses después, la propia administración admite que todavía no ha logrado resolver el desempleo.
La lectura oficial es que la megarreforma ya fue aprobada, que la agenda de seguridad avanza y que ambos ejes deberían mostrar resultados con mayor claridad en uno o dos años. Pero esa es una explicación de mediano plazo. La presión política es inmediata, y se mide en expectativas, salarios y costo de la vida.
Un primer golpe llegó con el alza de los combustibles. Para La Moneda, el llamado «bencinazo» fue la primera señal económica concreta del nuevo gobierno para muchos hogares: no una baja de impuestos ni más empleo, sino un aumento directo en el costo de llenar el estanque. Jorge Quiroz dijo a Meganoticias que esa fue «la decisión más difícil» que le ha tocado tomar, aunque descartó que haya sido un error.
En paralelo, el gobierno exhibe algunos datos favorables en seguridad. El balance del primer semestre registró 472 homicidios consumados, 41 menos que en igual período de 2025, con una caída de 11,5% en la tasa. Es un argumento relevante para cualquier administración que haya hecho del orden una promesa central.
Pero el dato importa más que el ruido: la seguridad puede mejorar mientras el mercado laboral sigue débil. Y cuando eso ocurre, la paciencia política se agota antes que la estadística. Conviene mirar los incentivos. Si la ciudadanía percibe que el costo de la vida sube y el empleo no responde, el capital político se erosiona aunque el gobierno insista en que las reformas estructurales tardan.
La historia sugiere cautela. Los ejecutivos que confían demasiado en el tiempo legislativo suelen descubrir que el tiempo social es mucho más corto. En este caso, el desafío de Kast no es solo defender su programa, sino demostrar que el aparato estatal puede ofrecer resultados concretos sin perder de vista la actividad productiva y el empleo.
Para un gobierno que hizo campaña con la idea de corregir rápido una crisis, el margen de espera es limitado. La libertad económica y la creación de trabajo no se consolidan con discursos; dependen de incentivos correctos, reglas claras y señales visibles. Si esas señales no llegan pronto, el desgaste deja de ser un problema de encuestas y pasa a ser una restricción política real.
